Abogados de Asistencia Legal piden más protección para la población penal

La Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (Uiasal) alabó hoy la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) de realizar pruebas rápidas a toda la población penal, tal como lo había solicitado desde la declaración oficial de la emergencia, pero advirtió que ese paso "no es suficiente” para proteger a los reclusos.

El gremio de abogados señaló que estas medidas deben venir acompañadas de otras que ayuden a mitigar la emergencia sanitaria, y que el cambio de postura se enmarca en las denuncias hechas por el sindicato de trabajadores de esa agencia, quienes informaron al país sobre el contagio de varios trabajadores que atienden a los confinados en los penales.

Luego de los reiterados reclamos de la Uiasal y de empleados de la propia agencia, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, reconoció que varios de estos trabajadores contagiados rinden servicios de salud en el Hospital Correccional que opera la compañía privada Physician Correctional.

Manuel Mayo, vocero de la Uiasal, reconoció que el sistema de salud correccional "ha sufrido sustanciales recortes presupuestarios que han provocado una verdadera crisis humanitaria, aun antes de la pandemia que azota al país”.

El gremio de abogados, que atiende a diario en los tribunales casos de personas sin recursos económicos acusados de delitos, reafirmó su advertencia sobre el potencial problema de salud en los penales a causa del coronavirus.

"La posibilidad de propagación a gran escala dentro de estas instituciones es un peligro real”, sostuvo el sindicato.

Además, la Uiasal hizo un nuevo llamado al secretario Rivera Juanatey a revelar todos los datos sobre la condición de salud de las personas confinadas, pues "sus familiares tienen derecho a conocer la realidad que se vive dentro de las instituciones penales y el estado de salud en que se encuentran los confinados”.

Los miembros de la Uiasal expresaron que, como funcionarios principales en el sistema judicial, y garantes de los derechos civiles y humanos en el difícil proceso de asegurar representación legal a toda persona imputada de delito, "y sin pretender aleccionar a nadie, nos sentimos en la obligación de proponer varias medidas que mitiguen la nueva emergencia sanitaria que muy probablemente enfrentarán las cárceles”.

La Uiasal, propone:

-Realizar con carácter de urgencia un censo de la población correccional (y personal civil), que permita identificar aquellos casos de las personas más vulnerables, tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes de salud.

-Una vez se realice el censo, en el caso de los confinados(as) que representen mayor riesgo a la salud, y después de hacer una evaluación de peligrosidad, se permita que las personas más frágiles continuar cumpliendo su sentencia en restricción domiciliaria. Los que no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad.

-Identificar aquellas personas sumariadas que son especialmente vulnerables por condición de salud mental o discapacidad intelectual.

A estos ciudadanos se les debe realizar, urgentemente, una evaluación psiquiátrica (a través del sistema de video conferencia o telemedicina del DCR) por parte de los peritos del Tribunal y, con un informe escrito que especifique su condición actual, ser transferidos a una institución adecuada ya sea pública o privada.

No atender las necesidades de esta población endeble constituye una indiferencia deliberada ilegal e inmoral.

-Identificar aquellas personas confinadas que estén a punto de cumplir sus sentencias (que les falten 100 días o menos) y después de realizar un análisis de peligrosidad y, de disponerse que no están contagiados con el coronavirus, que dichas sentencias se den por cumplidas.

-Aquellos(as) ciudadanos(as) que se encuentren cumpliendo por delitos no relacionados con actos violentos, y claro está, luego de una evaluación minuciosa de peligrosidad, se les permita continuar cumpliendo sus sentencias bajo restricción domiciliaria.

-Aquellos(as) ciudadanos(as) que se encuentren cumpliendo por delitos menos grave deben ser excarcelados, incluyendo a aquellos que se encuentran cumpliendo por desacato ante el Tribunal, por no pagar pensión alimentaria.

-Los menores de edad que están encarcelados no pueden ser ubicados en celdas, en solitario 24 horas al día, eso constituye un castigo cruel e inusitado. Por ello, se recomienda un análisis de peligrosidad y aquellos que puedan retornar a sus hogares, deberían así hacerlo.

-La Junta de Libertad Bajo Palabra debe acelerar las evaluaciones para permitir que aquellos(as) que se puedan beneficiar de libertad bajo palabra puedan hacer uso de ese beneficio. INS