- El acuerdo de reestructuración de la deuda alcanzado entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus acreedores, que actualmente está pendiente ante un juez de bancarrota, obligará a los clientes de estos servicios públicos a pagar "honorarios y gastos profesionales totalmente no controlados, en gran medida no especificados, y al parecer ilimitados”. 

Este es el hallazgo de un examinador de honorarios independiente contratado por el tribunal de quiebra en una moción presentada a principios de septiembre.

"El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés) no sólo engancha a los pagadores de tarifas con los honorarios de los consultores legales y técnicos utilizados por AEE en la negociación del acuerdo, sino que los clientes de la utilidad también pagarán los honorarios legales y profesionales de todas las demás partes en el acuerdo también, a saber, los tenedores de bonos y las compañías de seguros de AEE. El acuerdo no especifica cuáles son esas tasas, ni les permite un límite superior. Las partes gubernamentales en el RSA por sí solas ya han incurrido en más de 530 millones de dólares en honorarios profesionales en el caso de bancarrota”, indicó en declaraciones escritas, Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Análisis Financiero y Economía Energética (IEEFA en inglés).

Insistió que imponer estos costos a los clientes de AEE obviamente impulsará el aumento de la tarifa inicial más alto que los 2.8 centavos por kilovatio/hora especificados en el acuerdo, lo que resultará en facturas de electricidad excesivamente altas que harán daño a la ya débil economía de Puerto Rico.

Entretanto, señaló que esta disposición particular del RSA debe ser impugnada en los tribunales. Obliga a la AEE al pago de los honorarios de sus acreedores independientemente de si el juez de bancarrota aprueba o no la RSA. 

Asimismo, indicó que el examinador de honorarios señaló que el RSA "carece de cualquier referencia a la autoridad legal para los pagos de honorarios profesionales significativos que promete”.

Por otro lado, Sanzillo acotó que a pesar de haber observado previamente la "exorbitante y trágica” cantidad de honorarios profesionales incurridos en varios procedimientos de bancarrota de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) continúa apoyando el acuerdo de deuda de AEE.

"El anterior acuerdo de reestructuración de la deuda negociado entre AEE y sus acreedores (y rechazado por la JCF en 2017) recibió críticas similares del Negociado de Energía de Puerto Rico. El Negociado tomó nota de la falta de licitación competitiva de la AEE en la selección de consultores y del hecho de que los asesores eran responsables de determinar la razonabilidad de sus propios cargos, un arreglo que el Negociado temía expondría a los pagadores tarifarios a ‘tarifas sin límite’”, mencionó

Una diferencia clave, sin embargo, es que el acuerdo anterior sólo obligó a los clientes de AEE a pagar a los propios asesores de la Autoridad. Bajo los términos del nuevo RSA, los pagadores tarifarios tendrán que cubrir los honorarios legales y profesionales – sin límite – de los tenedores de bonos y compañías de seguros también, según expuso.

"Que el gobierno de Puerto Rico firmara alguna vez un acuerdo de este tipo subraya, una vez más, que hay una dependencia excesiva de consultores externos que están realizando funciones básicas sin responsabilidad pública. De hecho, después de la salida del exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, el verano pasado, no hay ningún empleado del gobierno con suficiente comprensión de las negociaciones del RSA para testificar en el tribunal que el acuerdo es de interés público”, detalló el director de finanzas del IEEFA. 

Añadió que el testimonio en nombre de la AAFAF es proporcionado por un asesor financiero externo de Ankura Consulting, es decir, una de las empresas que se benefician de esta estructura desequilibrada de tarifas.  

"Cuando todas las partes del RSA confían en consultores legales y técnicos de alto precio, no es de extrañar que los verdaderos ganadores sean los propios consultores, no el pueblo de Puerto Rico. El juez de bancarrota debe ejercer la supervisión y rechazar un acuerdo que ensilla a los puertorriqueños con ‘cargos profesionales no controlados y no revelados’ al ritmo de cientos de millones, sino miles de millones de dólares. En el futuro, la juez debería imponer un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG en inglés) en AEE para reformar la administración y ejercer una supervisión real sobre los consultores y asesores”, concluyó Sanzillo.

CN