Contrato de LUMA y AEE es nulo, según investigación y opinión legal
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Contrato de LUMA y AEE es nulo, según investigación y opinión legal
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El contrato otorgado a LUMA Energy por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para operar la corporación pública es nulo por violar varias disposiciones de leyes vigentes y políticas públicas, concluyó la investigación y opinión legal realizada por los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica Méndez Colberg.

"Concluimos que dicho contrato viola varias disposiciones de las leyes vigentes y sus políticas públicas, por lo que no cumple con los requisitos básicos de un contrato conforme dispone el Código Civil pues no es válido un contrato si contraviene la ley, la moral y el orden público. Además, la implantación de un Contrato de Alianza Público-Privada que no reconoce las obligaciones contractuales obrero-patronales es inconstitucional por violar la cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales”, explicó Emmanuelli Jiménez.

En la investigación, los abogados señalaron las leyes que se violan con el otorgamiento del contrato, que convierte en un monopolio privado el sistema eléctrico de la isla, y el conflicto de interés entre el comisionado presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, en el proceso de emisión del Certificado de Cumplimiento de Energía a LUMA Energy.

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"El comisionado presidente fue miembro del Comité de Alianzas que seleccionó a LUMA Energy, preparó y presentó el informe, y solicitó el certificado de Cumplimiento de Energía al Negociado, y luego evaluó su propia propuesta y resolvió su propia solicitud en su rol de adjudicador como comisionado presidente en el Negociado, formando así parte de la decisión sobre el certificado emitido. Se ocupó de seleccionar un proponente y luego se cambió de asiento o de sombrero para determinar, como adjudicador de un organismo gubernamental independiente, si esa selección fue acertada o cumple con el marco regulatorio”, indicó el licenciado.

Agregó que "esta práctica del comisionado presidente viola también las normas de conducta de los comisionados establecidas en el Reglamento sobre el Comportamiento Ético del Personal de la Comisión de Energía de Puerto Rico y la participación de los comisionados en actividades como representantes de la Comisión”.

Se desprende de la investigación que el proceso ante el Negociado de Energía incumplió la política pública de transparencia y participación ciudadana, la política pública que obliga a determinar el impacto de la transacción en las tarifas de energía y perjudica el proceso de reorganización y no toman en cuenta la situación financiera de la AEE, lo que traería consigo aumentos en la tarifa tan cercanos como en diciembre del 2020.

Igualmente, Méndez Colberg dijo que "contraviene la política pública del marco regulatorio, por lo que es nulo por ser contrario a la ley y el orden público conforme al Artículo 1207 del Código Civil”.

"El contrato no cumple con la política pública de tarifas razonables, política pública sobre energía renovable, con promover desarrollo económico y competencia, y no cubre las obligaciones del Sistema de Retiro de la AEE. Tampoco protege a empleados conforme a derecho y los convenios colectivos vigentes”.

En este particular, la licenciada subrayó que "en que el contrato con LUMA Energy no se van a respetar los convenios colectivos, esta disposición viola la política pública expresamente establecida en la sección 15 de Ley 120 donde se establece que se conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley”.

Para la abogada, el contrato de LUMA Energy "es leonino, porque tiene cláusulas que son ventajosas para una sola de las partes, en este caso a LUMA. No adelanta ni trae beneficio alguno conforme a la política pública, crean un monopolio privado, es muy costoso, no comparte riesgos ni responsabilidad entre las partes y podría ser terminado por LUMA Energy unilateralmente en un evento de fuerza mayor, como sería el caso de un huracán”.

Para la profesional, "el contrato con LUMA Energy no cumple con los requisitos regulatorios que se han documentado en este escrito ni con la política pública legislada. Además, es un contrato leonino, pues sus cláusulas y condiciones solo benefician a Luma Energy y sus compañías matrices. Por tanto, es un contrato nulo por contradecir la ley y el orden público. El contrato tampoco cumple con el mandato específico de la Ley 120-2018, al no reconocer los convenios colectivos vigentes y por tanto, es ilegal e inconstitucional por violar la cláusula constitucional que protege contra el menoscabo de las obligaciones contractuales”.INS


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