Buscan establecer la Oficina de Enlace en el Gobierno para la Comunidad Sorda

 La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos, analiza un proyecto para crear Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.

"La comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situación de desventaja en cuanto al acceso a los servicios que provee el gobierno. Las consecuencias de no poder contar con un mecanismo efectivo para que haya una comunicación entre una persona sorda y los entes gubernamentales pueden desembocar en distintos problemas. Tal es el caso de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se privó de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 años de edad sin la intervención de una intérprete de lenguaje de señas”, sostuvo Burgos.

La líder del Ministerio EFATA de la Iglesia la Senda Antigua, Stephanie Hernández, dijo en una audiencia pública que "la población sorda además de carecer de servicios, enfrenta otros problemas de desigualdad debido a las barreras de comunicación y los bajos niveles de alfabetización”.

Hernández hizo énfasis en el caso de un matrimonio de Loíza, que por no conocer las ayudas disponibles y por la falta de servicios de intérpretes, terminaron viviendo de forma infrahumana. 

También, resaltó la falta de apoyo de intérprete en las agencias gubernamentales, como lo es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Por su parte el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, indicó que "el cuatrienio pasado se aprobó unánimemente el proyecto del Senado 1486 que buscaba crear la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno ante las necesidades de esta población. Luego el proyecto fue enviado a La Fortaleza, quien lo vetó por consideraciones de presupuesto, es decir, no fue firmado”. 

Mientras, Yahaira Colón, Liesl Costa y Juan Troche, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) afirmaron que "las personas sordas tienen el derecho a que se le provea un intérprete que garantice efectivamente la comunicación”. 

"En atención a la relación y experiencia con la comunidad sorda de PR, expresamos que a pesar de que existe un interés público de igualdad, accesibilidad y atención a las necesidades de las personas con discapacidad, lamentablemente respecto a la comunidad sorda, la política pública debe ser evaluada y reformada”, afirmaron los abogados en declaraciones escritas.

Colón mencionó la importancia de considerar el establecimiento de una Oficina Enlace de la Comunidad Sorda y el Gobierno, ya que de esa forma esta población tendría una atención especializada, digna y enfocada a sus necesidades y cultura, que garantice la coordinación y prestación de los servicios gubernamentales que históricamente se le han denegado. 

"El entendimiento de la comunidad sorda para que cambiemos la cultura administrativa de las agencias del gobierno es importante”, agregó. 

Por otro lado, la Defensoría de las Personas con Impedimentos trajo la preocupación de los fondos para cubrir los costos de implantación. 

"Tenemos que hacernos la pregunta obligatoria de qué ocurriría si no están disponibles los fondos para cubrir los costos de implantación. Solicitamos que se considere señalar como prioridad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en este caso, la identificación de la partida presupuestaria de fondos, si es que se desea que la presente medida tenga un alcance efectivo mínimo”, expresó el defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Gabriel Corchado.INS