El intento de compra millonaria de pruebas de COVID-19, nubarrón en P.Rico

El intento del Ejecutivo de Puerto Rico de comprar pruebas para detectar el COVID-19 por 40 millones de dólares a una empresa sin experiencia en el sector médico y con vínculos al partido del Gobierno es el último nubarrón sobre el Ejecutivo en medio de la crisis de la pandemia.

El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó este lunes durante la actualización de datos que el asunto está en proceso de investigación y que se ha solicitado el reembolso del dinero porque las pruebas no cumplían con los requisitos exigidos por las autoridades federales.

"Queremos que todo lo que llegue a P.Rico tenga utilidad", sostuvo.

Indicó que le compete al Gobierno abordar este tema y que "la situación está bajo control", además de asegurar que hay que evitar intermediarios en este tipo de compras.

González, no obstante, matizó que el mercado, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, sufre fuertes fluctuaciones en los precios de material médico, razón por la que, por ejemplo, hay ventiladores que se comercializan por 16.000 dólares y otros por 40.000.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, negó cualquier relación con el Grupo Lemus y con las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC, por medio de las que el Ejecutivo intentó comprar los 40 millones de dólares en pruebas rápidas.

"Primero que no tengo ninguna relación y segundo que no tuve nada que ver con la contratación ni con las órdenes de compra", dejó claro la gobernadora sobre el proceso.

"No tenía porqué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios. Al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo", zanjó.

González confirmó hoy que varias agencias federales investigan al Departamento de Salud, tras salir a la luz la cancelación de la compra de pruebas.

Detalló que ha recibido notificaciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos (OIG-HHS) y la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La investigación se produce además pocos días después de ser divulgada la existencia de un almacén con medicamentos expirados en la isla municipio de Vieques.

La gobernadora había ordenado poco antes una auditoría hasta las "últimas consecuencias" sobre un inventario de medicamentos caducados, un problema que se vivió hace unos meses con motivo de los terremotos de enero, cuando se descubrió una almacén con material en la ciudad de Ponce.

"Ha habido requerimientos. Puede ser en relación a los almacenes de medicamentos o puede ser en relación a las compras", indicó el funcionario.

Respecto a la necesidad de respiradores, mantuvo que en caso de que la isla alcance un elevado pico con enfermos por COVID-19 no habría respiradores suficientes ya que se necesitarían 2.500 sólo hay 500.

LO PEOR AUN NO HA LLEGADO

Aseguró sobre la situación que el peor momento no ha llegado a la isla, además de situar esa fecha entre el próximo día 15 y el mayo 8.

Además, aclaró que el Registro Demográfico va a clarificar cuáles son las muertes provocadas por el COVID-19 para que la situación sea lo más transparente posible.

El responsable del grupo de trabajo para afrontar la crisis del COVID-19, Segundo Rodríguez, señaló que el Gobierno se prepara para lo peor, además de asegurar que si se baja la guardia "un poquito volvemos y recaemos".

Juan Salgado, uno de los integrantes del equipo médico de respuesta, indicó que hasta 1.700 personas podrían llegar a infectarse en el pico del COVID-19.

El número de fallecidos por el coronavirus en Puerto Rico hasta hoy es de 21 personas, los casos positivos son 513 y el número de pruebas realizadas es de 4.951.

Un bebé de solamente 2 meses es el contagiado más joven del COVID-19.

La gobernadora anunció el domingo que durante Semana Santa todo los negocios estarán cerrados, incluidos supermercados, bancos, ferreterías y establecimientos de comida. Los supermercados y farmacias no dejarán entrar a personas que no vayan con mascarillas, además de que sólo accederá una persona por familia.

Tras el anuncio, este lunes se han registrado filas de personas a la espera de poder entrar en supermercados en el área metropolitana de San Juan.

El presidente de la Asociación de Comercio al Detalle de Puerto Rico (ACDET), Iván Báez, mostró su sorpresa ante el anuncio del Ejecutivo.

Vázquez firmó un proyecto de ley que además de establecer el cierre de comercios los días de Semana Santa oficializa una multa o cárcel a cualquier persona que viole la prohibición de reuniones en residencia privadas, donde solo se autoriza al núcleo familiar.

Todo ciudadano que no cumpla con esa normativa se expone a 5.000 dólares de multa.

Además, aumentan las peticiones para que el Gobierno permita el excarcelamiento, bajo ciertas condiciones y de forma temporal, de presos para evitar el contagio, tal y como han hecho países como Argentina, Colombia o Estados Unidos.
EFE