Liquidación de escuelas no ha representado ingresos significativos, pero sí ha generado grandes costos para comunidades aledañas y municipios

 Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico, opinó que la liquidación de escuelas por parte del gobierno no ha representado ingresos significativos, pero sí ha generado grandes costos para comunidades aledañas y municipios.

Según Gallardo Rivera, una investigación publicada en 2020 por el CRH y la Universidad de Berkeley, titulada "Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 a 2019 únicamente se vendieron diez planteles por un total de 4.1 millones y se arrendaron 113 de un total de 673 escuelas cerradas. 

"Si algo evidencia estos números es que, la liquidación de estos activos por parte del gobierno no representa ingresos significativos. Inclusive, se puede argumentar que el cierre de escuelas ha generado grandes costos para las comunidades aledañas y también, para los municipios que mantienen a su propio costo los planteles y la pérdida de propiedad pública por deterioro, vandalismo y abandono”, apuntó.

Las expresiones del portavoz de la entidad se dieron ante la Comisión de Educación del Senado, que tiene ante su consideración el proyecto 274, medida que busca crear un rango de prioridades a destinar un nuevo uso a un plantel cerrado.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca facilitar el proceso de identificación y autorización de nuevos usos, al crear mecanismos de participación para la comunidad escolar y reconocer el valor socioeconómico de los planteles. 

También propone un proceso uniforme, con sensibilidad hacia la comunidad y sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado. 

Actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la ley fiscal, Ley 26 de 2017, la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público. 

Originalmente, el gobierno de Puerto Rico justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público. 

"La gran mayoría de los planteles escolares en años recientes permanecen en desuso o abandonados” indicó Michelle Alvarado Lebrón, abogada comunitaria y ambiental del CRH. 

Detalló que "muchos muestran un estado de deterioro avanzado, lo cual representa riesgos a la salud, seguridad y medioambiente de las comunidades más vulnerables”.INS