Examinador identifica sobrefacturación en la quiebra de Puerto Rico
Una treintena de bufetes y firmas de consultoría presentaron ante el Tribunal Federal un total de 40 facturas para recibir compensación de parte del Gobierno de Puerto Rico por más de $75 millones, más $2.05 millones en gastos reembolsables. Esto solamente corresponde a un periodo de cinco meses —del 3 de mayo de 2017 hasta el 30 de septiembre.
De esta cantidad, más de $52 millones se repartirían entre cinco compañías: las firmas consultoras McKinsey & Co. y Deloitte, y los bufetes Proskauer Rose, O’Melveny y Paul Hastings.
Así se desprende del informe radicado ante el Tribunal Federal en la tarde del 1 de marzo por Brady Williamson y el bufete Godfrey & Kahn, encargados de examinar las facturas de los profesionales que trabajan en la quiebra de Puerto Rico.
Al margen del costo en abogados y consultores en la quiebra de la Isla, el informe señala, por ejemplo, la inexperiencia de algunos profesionales facturando en casos de quiebra; una gran duplicidad de esfuerzos facturados; la cantidad de abogados y consultores asistiendo a los procesos judiciales; la cuantía y disparidad en lo que estos profesionales cobran por hora; y el exceso en gastos reembolsables, como "cargos de cientos de miles” en investigación electrónica y bases de datos, entre otras.
Al ser la primera ronda de facturación en el caso, a juicio de Williamson, no se debe ser "tan rígido” al momento de implantar deducciones a las facturas u objetar la solicitud de cobro por incumplimiento con las guías y estándares establecidos para el pago de estos gastos y honorarios.
"El primer periodo de facturación en cualquier reorganización que se espere que sea de larga duración, no es el lugar para trazar rayas en la arena o para la aplicación rígida de las reglas y guías. Al contrario, ofrece al Tribunal, los profesionales y el público una conciencia renovada del costo masivo de procesos complejos de reestructuración, y sirve de comienzo para desarrollar herramientas específicas para monitorear y —ojalá— controlar estos costos de manera apropiada bajo el estándar de razonabilidad”, dice el informe.
Así las cosas, Williamson recomendó el pago de $49.75 millones, casi $1 millón menos que el monto original, tras la revisión inicial y deducciones del examinador. Al comparar las cifras, los ajustes negociados apenas alcanzan un 2% de la facturación inicial. Para este primer ciclo, aún quedan por autorizar $26.3 millones correspondientes a 10 facturas presentadas por profesionales contratados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno.
De hecho, el Gobierno solamente objetó una de estas facturas, la de Willkie Farr, abogados del agente que nombró la JCF para defender los intereses de los acreedores de Cofina en la disputa sobre a quién le pertenece parte de los recaudos del IVU. Esta ha sido la única objeción presentada por cualquier parte en el tribunal en contra de alguna factura.
