El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) y otros sindicatos que representan a trabajadores del Departamento de Educación, como SPT-PASOS, presentaron distintas propuestas para garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y demás personal ante el inicio mañana de las labores docentes de 224 escuelas públicas.

"Hemos exigido al Departamento de Educación y al gobierno que haga pública información vital para que las comunidades escolares puedan evaluar los riesgos de sus planteles y establecer planes y protocolos de emergencia ante cualquier evento sísmico”, indicó Karen De León, vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT).

En la información solicitada por las organizaciones está la lista de escuelas que reflejan tener la deficiencia conocida como "columna corta” que hoy están abiertas; cuáles fueron reparadas a partir del año 2000; las que se consideran sismo resistentes (incluyendo las que fueron cerradas); los hallazgos de las recientes inspecciones a las escuelas y facilidades del Departamento de Educación y de las realizadas posterior al huracán María.

"Las inspecciones que se han realizado al presente son oculares y están dirigidas a identificar daños a las estructuras provocados por los recientes temblores; no determinan si los planteles son o no resistentes a sismos”, dijo la presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez.

Agregó que se supone que se realice una segunda fase de inspecciones más profundas que establezcan la seguridad que tienen las escuelas para soportar un terremoto, las cuales deben iniciarse inmediatamente.

El grupo de sindicatos reclamó que se haga público el plan de mitigación y corrección de las deficiencias que se identifiquen en los planteles escolares y estructuras del Departamento de Educación.

"El gobierno de Puerto Rico tiene aproximadamente $8,300,000,000.00 en reserva para el pago de la deuda. De esa cantidad deben identificarse de inmediato fondos para la rehabilitación y reparación de las escuelas. La educación pública es uno de los principales servicios esenciales del país y, además, se trata de proteger la vida de miles de estudiantes, maestros y otro personal y eso debe estar por encima de los intereses de los bonitas”, aseguró la presidente de Educamos, Migdalia Santiago.

Criticaron el inicio apresurado del semestre dispuesto por el Departamento de Educación, al considerar que "la facultad y el personal escolar debe tener al menos cinco días de preparación donde se capaciten en la información y protocolos para enfrentar cualquier evento”, detalló la presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Liza Fournier Córdova.

Explicó que esto incluye adiestramientos de primeros auxilios; talleres de manejo de emergencias y terremotos; discutir el protocolo específico de cada comunidad escolar adaptado a cada realidad; revaluar y reestructurar las organizaciones escolares para establecer grupos de estudiantes más pequeños y manejables en caso de emergencia; que se conozcan las rutas de desalojo y puntos de encuentro de cada plantel, que se provea ayuda emocional a los maestros y otro personal que lo requiera y que se discutan las observaciones de las inspecciones oculares realizadas.

"Esto debe reproducirse a nivel de las asambleas de padres que se realicen posteriormente”, recalcó.

Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, expresó que la orientación a los padres y encargados no debe ser a través del mecanismo de "casa abierta”, sino en asambleas de la comunidad escolar donde pueda discutirse ampliamente la situación, ya que los padres tienen preguntas y propuestas que deben ser escuchadas.

Indicaron que la pasada semana solicitaron reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el Secretario de Educación, Eligio Hernández, y el ingeniero Carlos Pesquera para presentarles las propuestas, pero al presente no han recibido respuesta.

De igual manera, tanto la Oficina del Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) como la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), no han provisto información vital sobre las condiciones de las escuelas.

Jinnette Morales, portavoz del Movimiento por la Niñez, sostuvo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Cámara de Representantes y el Senado tienen la responsabilidad de incluir en el próximo presupuesto del país asignaciones suficientes para que se rehabiliten las escuelas y se corrijan las deficiencias de seguridad.

"Los componentes de las comunidades escolares estaremos muy pendientes de que esto se cumpla pues se trata literalmente de un asunto de vida o muerte”, expresó. INS