Prevalece injusticia contra los sordos después de 15 años de reclamos

Una población de más de 150 mil sordos vive sumida en un ambiente de inequidad y de injusticia al momeno de procurar acceso a sus derechos, ante la indiferencia generalizada de los políticos del país, con muy pocas excepciones, después de 15 años de reclamos, afirmó hoy la doctora Izaskun Capataz Colás, directora del Colegio San Gabriel, que atiende a esa población.

"Es urgente que cambiemos esta realidad, porque 15 años haciendo esta marcha significa que no se han logrado los objetivos”, manifestó la docente al anunciar junto a representantes de varias organizaciones la realización el próximo sábado de la decimoquinta marcha Oye mis manos, comunícate, que saldrá del estadio Hiram Bithorn hasta las instalaciones del Colegio San Gabriel, en Puerto Nuevo.

A tenor con las elecciones del próximo 8 de noviembre, los reclamos fueron dirigidos a los políticos para que consideren la inclusión de los sordos durante sus alocuciones públicas en lo que resta de campaña, más allá de los debates, con la inclusión de intérpretes en los anuncios para que esa población pueda votar de manera informada.

Capataz Colás dijo que con excepción de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la marcha generalmente no ha contado con la presencia de políticos.

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Varios de los sordos expusieron sus dificultades cuando acuden a buscar servicios en oficinas públicas o a consultas médicos, donde muchas veces tienen que revelar intimidades frente a familiares por no contra con un intérprete de señas.

"Exigimos accesibilidad real para esta comunidad; no están considerando a una población que supera las 150,000 personas, que en su mayoría votan, trabajan y pagan contribuciones, pero que consistentemente reciben un trato desigual por la insensibilidad y el discrimen que se mantiene”, argumentó José Bertrán, presidente de la organización Servicios Orientados al Sordo (SOS), en rueda de prensa en el Colegio San Gabriel.

Capataz Colás agregó, acompañada del Procurador de Personas con Impedimentos, Frank Pérez Concepción, que "queremos concienciar, no solo sobre las necesidades de esta comunidad sino también sobre los aportes significativos que hacen los sordos a la sociedad puertorriqueña”.

Entre los reclamos de esta comunidad están la falta de intérpretes para los servicios médicos, a pesar de que la ley lo exige a los hospitales y a los médicos; de recursos legales, pues ni los tribunales están preparados para contratar a las personas sordas, por lo que se le violan los derechos a la mayoría.

En cuanto a la educación, se les niega el derecho a recibir la que realmente necesitan, aparte de que no tienen intérpretes.

En las escuelas públicas tienen gente con cursos básicos con el título de asistente de comunicación, que no es intérprete, mientras los estudiantes sordos necesitan modelos lingüísticos.

"El gobierno viola leyes federales, como la Sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973, que exige que se le dé accesibilidad a los sordos en todas las agencias que reciban fondos federales”, dijo Bertrán. INS