Un grupo de empleados del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) se manifestó y denunció hoy el despilfarro de dinero por parte del director ejecutivo, Carlos Ruiz, en contratación por servicios profesionales.

"En el marco de la celebración del Segundo Congreso Internacional de Historia del Viejo San Juan, nosotros las y los trabajadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña denunciamos la falta del deber ministerial y compromiso del profesor Carlos Ruiz Cortés, en defender, promover y proteger la política pública de la agencia que representa. La contratación por servicios profesionales ha sido la hoja de ruta del señor Ruiz a la hora de desplazar y eliminar funciones que ejercen los empleados de la agencia. Los contratos superan a los trabajadores de carrera con salarios muy por encima de empleados con las mismas cualificaciones”, explicó Javier Rodríguez Cedeño, presidente del Capítulo del ICP de PROSOL-UTIER.

Rodríguez Cedeño detalló que la contratación por servicios profesionales no permite la continuidad de preservar y conservar los documentos históricos. 

"Aquí en el Archivo General han inaugurado un proyecto de digitalización con fondos federales donde todos los empleados son contratistas con salarios entre $25,000.00 a $52,000.00, desplazando los compañeros con el conocimiento experto en las colecciones que custodia el Archivo.  Los empleados con vasto conocimiento los han dejado fuera del proceso por lo que cuando no exista más dinero para la contratación, quedarán decenas de equipos sin sus operadores adiestrados y un proyecto nati-muerto”, añadió.

El líder sindical precisó que han levantado la bandera de los miles de dólares que se están utilizando para la contratación de personal por servicios profesionales en todos los programas del ICP.  

"Hemos denunciado y levantado cuestionamientos sobre los procesos de contratación de este personal y han sido ignorados tanto por la Prof. Hilda T. Ayala, archivera general y por el director ejecutivo Ruiz. Este es un esquema que se repite en todos los programas del Instituto”, abundó.

"Solicitamos transparencia, que nuestras preguntas sean contestadas y un cese a la contratación con descripciones generalizadas y que en la práctica usurpen las tareas de los empleados que ya laboramos en el ICP.  Reconocemos la necesidad de personal y que se cubran las plazas regulares de trabajo congeladas por las medidas de austeridad que la ley Promesa nos ha impuesto, pero denunciamos la contratación desmedida que están realizando por servicios profesionales”, concluyó.