Departamento de Justicia recomienda designación de Fiscal Especial Independiente en caso de becas presidenciales de la UPR

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó ayer que fue referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), el informe de la investigación preliminar en torno a la otorgación de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año académico de 2015-2016. 

"Referimos a la atención de la OPFEI el informe preliminar detallado, según requieren los artículos 4 (1) y 5 de la Ley 2 del 23 de febrero de 1988”, señaló la funcionaria.

Explicó que "una vez concluida la investigación preliminar, recomendamos la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), por entender que existe causa suficiente para investigar si el expresidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, utilizaron los deberes y las facultades de sus cargos para obtener, directa o indirectamente, beneficios a favor de una persona privada”.

Esto va en contravención con el artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

La titular de Justicia agregó que en el caso de Walker Ramos "también lo estamos refiriendo por posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal de 2012 (malversación de fondos públicos)”.

"Además, referimos al expresidente de la junta de gobierno de la UPR, Jorge Sánchez Colón, ya que pudo haber incurrido en violación al artículo 4.2(s) de la misma ley, consistente en haber incurrido en acciones que ponen en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, agregó Vázquez Garced.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal y la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, con el apoyo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

El informe se presenta dentro del plazo concedido por el Panel sobre el FEI mediante resolución del 9 de marzo de 2017, estableciendo como fecha límite el 5 de abril de 2017.

La investigación estuvo paralizada por instrucción del pasado secretario de Justicia, César Miranda, desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 23 de febrero de 2017, fecha en la que se identificó como pendiente en el Departamento de Justicia. 

"Las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia son confidenciales, por disposición de ley. Con el compromiso de la transparencia y para conocimiento del pueblo de Puerto Rico, los resultados de las mismas se darán a conocer una vez el caso esté listo y tengamos el quantum de prueba requerido”, señaló la secretaria.

Y concluyó que "el Departamento de Justicia actuará diligentemente para proceder con las acciones que correspondan en éste y en todos los casos ante su consideración. Una vez radicado el informe, el Departamento de Justicia pierde jurisdicción, correspondiendo al PFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la presentación de cargos penales”.