SE UNEN LOS TRANSPORTISTAS PARA DENUNCIAR INJUSTICIAS GUBERNAMENTALES

Cientos de transportistas y familiares de estudiantes regulares y de educación especial se reunieron hoy, en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, para denunciar la cancelación injusta de sus contratos con el Departamento de Educación.
"Nosotros recibimos una carta la semana pasada donde se nos anunciaba la cancelación de nuestros contratos y no hubo ningún tipo de vista pública, no hubo pruebas y no pudimos defendernos", afirmó el presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico (FPEPR), José Rodado.

 Esta manifestación responde a la  recién aprobada Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, la cual autoriza al Secretario de Educación, Rafael Román, a tomar las medidas necesarias para reducir los gastos en transportación escolar.
Según el representante de la Asociación de Dueños de Autobuses, Ángel Rivera, el Departamento de Educación se reunió con los transportistas en los pasados meses de marzo, abril y mayo, para informarle la reducción en un 30 por ciento de los contratos que habían sido aprobados por los pasados cinco años.
"Nosotros estamos conscientes de la crisis fiscal que vive el País y es por eso accedimos a que se nos redujera ese por ciento. Durante estos años que hemos ofrecido nuestros servicios, siempre ha habido una mesa de negociación. En este momento no se nos ha convocado a negociar y finalmente se cancelaron nuestros contratos repentinamente, a través de un memo que envió el Secretario", añadió Rivera.

El DE determinó que los contratos para el próximo año escolar se otorgarán mediante un mecanismo de solicitud de propuesta en la cual el Departamento establecerá el pago que hará por cada una de sus rutas.
"En este momento las propuestas son un fantasma porque nadie las ha presentado. Nosotros estamos esperando el anuncio para en su momento hacer la evaluación porque las propuestas, son un asunto que se atiende a largo plazo", dijo el presidente de la FPEPR.
 Los transportistas coincidieron en que el tiempo provisto por el DE para someter sus propuestas no es suficiente, teniendo en cuenta que las clases comienzan el el próximo mes de agosto.