Reclaman un "task force" que evite una crisis social por la COVID-19

Las organizaciones puertorriqueñas sin ánimo de lucro, que dan apoyo a cerca de 900.000 personas en la isla, reclaman al Gobierno un "task force" (grupo de trabajo) que aborde el apoyo económico a estas entidades ante el temor a una crisis social a causa de la COVID-19.

La presidenta de Una Sola Voz, Ana Yris Guzmán, movimiento que agrupa a cerca de 140 organizaciones sin ánimo de lucro de base comunitaria, señaló en entrevista con Efe que el Gobierno debe facilitar, al igual que se ha hecho a nivel sanitario, la formación de un equipo de expertos que estudie la ayuda a este colectivo, básico para la población más desfavorecida.

La petición de Guzmán coincide con el anuncio hoy de la muerte de una mujer de 81 años, lo que eleva a 24 los fallecidos por la COVID-19 en Puerto Rico, mientras que el número de casos positivos aumentó a 620.

Además, Puerto Rico comenzará a contabilizar las muertes de personas sospechosas de haber fallecido a causa de la COVID-19, a pesar de que no se les realizara la prueba, cambio en base a los nuevos criterios establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Guzmán alertó de que si no se apoya a las organizaciones sin fines de lucro "pudiera provocarse una auténtica crisis social" en el caso de colapso de estas entidades por falta de apoyo económico.

Guzmán, que lleva a cabo su labor en la organización Nuestra Escuela, con centros en los municipios de Gaguas y Loiza, reconoció que el Gobierno pasa por una situación sin precedentes, pero dijo que el Ejecutivo que lidera Wanda Vázquez "no puede permitirse una crisis social".

Subrayó que la labor que llevan a cabo estas 140 entidades sin fines de lucro es fundamental para garantizar la defensa de los más desfavorecidos, en especial "de niños que no reciben la atención adecuada".

Recordó que, por ejemplo, miles de estudiantes habitualmente se alimentan en comedores escolares, ayuda que no se da en estos momentos al estar cerrados los centros educativos, lo que deja en manos de estas organizaciones parte de la ayuda a estas familias.

Además, apuntó a la violencia de género que ahora, con el confinamiento, pone si cabe más en peligro a las mujeres, que en muchos casos recurren a la ayuda de estas organizaciones.

"Hay maltrato a niños y violencia doméstica, por lo que reclamamos al Gobierno un 'task force'", insistió Guzmán.

"No se puede olvidar al sector social", dijo tras demandar una actualización semanal de datos de maltrato de menores y medidas urgentes para las personas sin hogar, que, como aseguró, obviamente no se pueden quedar en casa y cumplir así con una de las principales medidas para combatir la pandemia.

Además, solicitó para las personas que estos días tienen que trabajar, como por ejemplo empleados de supermercados, que se les provea de equipo necesario de protección como mascarillas o guantes. Guzmán aclaró que a la solicitud de la creación del "task force" el Gobierno respondió con el compromiso de un comité de trabajo para abordar el asunto, pero que no ha tenido más información sobre su demanda.

Mientras, el Gobierno, en su afán por detener la expansión del COVID-19 por la isla, hizo una nueva petición a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) para que se prohíban los vuelos procedentes de las zonas consideradas "calientes" por su alta prevalencia de casos positivos.

Vázquez anunció hoy la iniciativa en un comunicado quien anunció que ha hecho la petición formal.

"Anteriormente, solicitamos a la FAA y se nos concedió que todos los vuelos llegaran al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para que la Guardia Nacional pueda realizar un cernimiento -criba- a todo pasajero que llega a Puerto Rico. Ahora queremos que no lleguen personas provenientes de las áreas más afectadas por el COVID-19", destacó Vázquez.

La prohibición sería para vuelos procedentes de los estados de Nueva York, Florida, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut e Illinois.

La nueva petición se produce después de que entraran en la isla dos personas que tomaban medicación para la fiebre por lo que no tenían temperatura elevada y pasaron los controles de criba en el aeropuerto que lleva a cabo la guardia nacional con todos los pasajeros.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, señaló hoy que que el coste de hacer frente a la crisis del COVID-19 alcanzará los 4.000 millones de dólares.

EFE