La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) junto a empleados públicos de diversas agencias y corporaciones públicas reclamaron al gobernador Pedro R. Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal que "implanten de inmediato el retiro incentivado ofrecido a más de 10 mil empleados”.

Emilio Nieves Torres, presidente de la CPT, señaló que "desde agosto de 2020 se aprobó otorgar un retiro incentivado de 50% de su salario a miles de trabajadores, y se ha dilatado su implantación debido a unos acuerdos que están discutiendo el gobierno y la Junta desde diciembre de 2021, lo que ha generado incertidumbre, angustia y desesperación en los trabajadores que contaban con ese retiro incentivado de la Ley 80”.

Agregó que "aunque la Ley 80 fue impugnada por la Junta, se evitó el litigio en el Tribunal dando paso a un acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain de un plan alterno para implantar la Ley 80 y producir ahorros para el fisco. Los jefes de agencias y corporaciones públicas identificaron a los trabajadores elegibles, quienes tenían que haber ingresado al sistema de retiro antes del 1 de abril de 1990”.

"Se trata de trabajadores que, en la mayoría de los casos, llevan más de 30 años en el servicio público y con un derecho a pensión conforme a la Ley 447 de 1951 (cuya pensión se redujo de 75% a 40% o menos) y a la Ley 1 de 1990 (con una pensión que se redujo de 75% a 29%)”, abundó.

Nieves Torres informó que "el próximo 14 de julio es la fecha límite para el acuerdo entre la Junta y el gobierno, lo que significa que ya cada agencia, corporación pública o municipio identificaron a los trabajadores a los que se les aplicará la Ley 80. Sin embargo, los jefes de agencia no han notificado cuántos trabajadores y quiénes son elegibles para acogerse al retiro incentivado”.

La única información que ha fluido, afirmó, es que pretenden utilizar como único criterio la clasificación de empleados esenciales y no esenciales. En este caso, la Ley 80 establece que las agencias se reservan el derecho de retener en su puesto a un empleado.

"Esto significa que, si un jefe de agencia determina que todos sus empleados son esenciales, ninguno se acogerá al retiro incentivado, convirtiendo la Ley 80 en un engaño o en una herramienta subjetiva en la que podría colarse el criterio político partidista. El gobierno no puede decir que la culpa de no incluir a todos los elegibles es de la Junta, porque el gobierno es parte del engaño”, concluyó Nieves.

Los reclamos de los trabajadores:

• Que cada jefe de agencia o corporación pública informe ya cuántos empleados de los elegibles identificaron como no esenciales.
• Que cada jefe de agencia, la oficina de Gerencia y Presupuesto y el gobernador expliquen con precisión los criterios para establecer qué es un empleado esencial y qué es un empleado no esencial.
• Que el gobernador Pedro Pierluisi cumpla con su compromiso programático de otorgar a los empleados públicos una pensión de un mínimo de 50%.
• Que la Junta de Control Fiscal desista de su intención de anular la Ley 80 y de sabotear la justicia social que reclaman los trabajadores de un retiro digno.

"Advertimos al gobierno y a la Junta que los trabajadores no toleraremos engaños e incumplimiento. Tengan la certeza de que llevaremos a cabo las acciones necesarias para evitar más atropellos a la clase trabajadora”, concluyó el sindicalista. INS