La presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), Laura Trujillo, depuso hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y mostró su preocupación sobre la imposición unilateral de tarifas, procesos y políticas de facturación y pago, sin negociación legítima ni de buena fe con los laboratorios clínicos por parte de las aseguradoras en Puerto Rico, vinculadas a las pruebas Covid-19.

En la audiencia pública virtual, la portavoz de los laboratorios clínicos enfatizó en que "los retos y problemas que enfrentan los laboratorios están directamente relacionados con las pruebas de diagnóstico Covid-19, y son el resultado de una carencia de normativa en la isla, aplicable a la facturación y pagos relacionados con la toma de muestra y realización de las pruebas. Esta omisión, tal vez involuntaria por parte del gobierno, ha dado paso a una serie de actos y determinaciones arbitrarias e injustas por parte de las aseguradoras, en detrimento de la labor y trabajo de los laboratorios en Puerto Rico”.  

Agregó que "en el caso de Puerto Rico, existe una ley a nivel local que claramente dispone de la facultad del Departamento de Salud en la fiscalización y promulgación de reglamentación y normativa pertinente al manejo de la pandemia en la isla, así como a la obligación de pago del servicio de diagnóstico y tratamiento, que incluyen las muestras y pruebas de diagnóstico”.

De igual forma, opinó que "el problema estriba en que una vez un asegurador comienza con una práctica, que no es legal pero que no conlleva resultados adversos o penalidades por parte de las agencias reguladoras, dicha práctica es emulada por todos los demás y se convierte en una conducta de uso y costumbre, convirtiéndose en un problema serio para los proveedores de salud. Los proveedores de salud no pueden ser los que al final del camino arrastran pérdidas por servicios ofrecidos. El gobierno tiene un deber y responsabilidad en el tema que nos compete.  Es por ello, que apelamos a la intervención de esta Asamblea Legislativa, para que interceda y reclame de sus agencias acción”.

La vocera recomendó emitir un mandato al secretario de Salud para que adopte de inmediato el Reglamento que la Ley 43 de 2020 le faculta a promulgar o en su defecto una carta normativa.  

También aconsejó establecer en el Código de Seguros de Puerto Rico un término preciso y razonable, de estricto cumplimiento, para que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) atienda y determine sobre las querellas presentadas.  

"Los términos no debe ser mayor de 60 días, desde la presentación de la querella. Pedimos que se exija a la (OCS) la atención y determinación de las querella presentadas por la (ALCPR) dentro de un término que no exceda de 30 días y ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) la emisión de carta normativa a los fines de ofrecer una directriz a los aseguradores en el pago de las pruebas, bajo un tarifario no menor a las emitidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, siglas en inglés), aplicable a las pruebas para la detección del Covid-19 y a la toma de muestra, y emitir un mandato, tanto a (ASES) como a la (OCS), a los fines de que enfaticen en sus funciones de fiscalización”, destacó Trujillo.INS