Reclama la Alianza de Empleados de la AEE a la Legislatura actuar sobre Plan de Ajuste de la Deuda
La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamó hoy a los presidentes de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y el Senado, José Luis Dalmau Santiago, al igual que a los portavoces de las distintas delegaciones legislativa, actuar sobre cualquier acuerdo para la reestructuración de la deuda de esa corporación pública y crear legislación que condicione cualquier acuerdo en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño y que no conlleve aumentos en la factura.
"La cancelación del RSA demuestra una vez más lo que hemos venido diciendo, que el acuerdo no era viable, (por lo que) ahora estamos pidiendo a la Legislatura que apruebe legislación para que no permita el aumento de tarifa como garantía de pago y de bonos nuevos”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
El dirigente gremial sostuvo que "los legisladores tienen en sus manos la decisión de no permitir otro aumento en la factura para pagar bonos que se emitieron ilegalmente, (aparte de que) este aumento perjudicaría al desarrollo económico del país y al bolsillo de todos los consumidores”.
Explicó que la Asamblea Legislativa debe aprobar legislación que no permita el pago a bonos cuya validez está seriamente cuestionada.
La Alianza, compuesta por miembros de la Utier, Asociación de Gerenciales, Asociación de Jubilados, Distrito Autónomo Antonio Luchetti y la Unión de Empleados Profesionales Independiente hizo su pedido en carta a los presidentes de la Legislatura, donde también exigen una auditoría de la deuda de la AEE.
"La deuda de la AEE no debe pagarse, en todo ni en parte, sin una auditoría previa y una determinación judicial sobre la validez de dichos bonos. La Junta (de Supervisión Fiscal) y el Gobierno tienen que auditar y litigar la validez de esas reclamaciones. En ese sentido, los legisladores no deben ser sello de goma para autorizar pagos a estos bonos fatulos”, manifestó Abraham García, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales.
Los portavoces insistieron en que la Legislatura no debe autorizar el pago de bonos no asegurados, como si estos fueran asegurados, mucho menos convertir los bonos actuales que son no asegurados, en bonos asegurados mediante cualquier RSA y el plan de ajuste de deuda que tenga que radicar.
El "acuerdo de confianza” especifica el alcance de los derechos que tienen los acreedores de bonos de la AEE, establece que los bonistas no son acreedores que merezcan el pago de la totalidad de sus créditos, porque solamente cobran en caso de que se paguen todas las obligaciones operacionales de la AEE y los pagos correspondientes por las aportaciones al Sistema de Retiro de los empleados de la AEE.
"Ahora mismo, la AEE le debe al Sistema de Retiro más de $800 millones y según las reglas de juego con la que compraron esos bonistas, nos tienen que pagar a nosotros primero y no al revés”, argumentó Rafael Hernández, presidente del Distrito Autónomo Antonio Luchetti (DAAL).
El grupo añadió, además, que un efecto inmediato de cualquier acuerdo de reestructuración que no esté condicionado a lo que están solicitando los miembros de la Alianza contribuirá a que el Sistema de Retiro sea insolvente, obligando a la AEE a autorizar otro aumento en la tarifa para solventar las obligaciones que tiene con los pensionados.
"Cualquier acuerdo que no audite la deuda y se litiguen los bonos que están cuestionados con los bonistas, pone en riesgo nuestras pensiones de los activos y jubilados, pero también hace que se pueda volver a subir la factura. Ya estaríamos hablando de dos aumentos más y solo por pagarle a quienes no merecen ni un solo centavo”, sostuvo Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados.
Agregó que el plan del ajuste de la deuda de la AEE no puede estar basado en pagos sustanciales a los bonistas, va a conllevar aumentos que harán que el costo de operación de los negocios en Puerto Rico sea intolerable y que se agudice la crisis de desigualdad porque habrá mucha gente que no podrá pagar su factura de luz.
Por otra parte, hicieron un llamado para que la Legislatura apruebe medidas que reduzca la deuda a niveles realmente sostenibles, que proteja a los consumidores y los acreedores prioritarios como los trabajadores y el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.
Figueroa Jaramillo planteó que la Ley Promesa le concede a la Legislatura el poder absoluto e incuestionable de aprobar la legislación que controle el plan de ajuste de la deuda, facultad que ha sido reconocida por la jueza Laura Taylor Swain.
"Sin esa legislación, la Junta no podría confirmar un plan que va a ser en detrimento del Pueblo de Puerto Rico. La Legislatura debe aprobar legislación de un plan de ajuste de deuda para la AEE, solo si no representa un aumento en la tarifa, mantiene el modelo de beneficio definido del Sistema de Retiro de la AEE, no implica recortes a las pensiones de los pensionados de la AEE, garantiza el pago puntual y completo de las aportaciones patronales al Sistema de Retiro incluyendo deuda corriente y deuda actuarial, respeta las prioridades del ‘Trust Agreement’, en donde primero hay que cubrir los gastos operacionales y los pagos al Sistema de Retiro y lo que sobre será para los acreedores de bono entre otras instancias que detallamos en la carta”, puntualizó Figueroa Jaramillo.INS
