Inconstitucional enmiendas a la Ley de Tránsito según ACLU

El director en Puerto Rico de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, aseguró el lunes, que las enmiendas convertidas en ley por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre la Ley de Tránsito que faculta a la Policía realizar pruebas de sangre para detectar sustancias controladas y alcohol es inconstitucional.

"Según resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 2013, la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos no tolera una disposición general en ley que autoriza al Policía para obligar a choferes a someterse a pruebas de sangre sin su consentimiento, aun cuando el chofer rehusare previamente someterse a la prueba de aliento”, dijo Ramírez en comunicación escrita.

"Nuevamente se legisla en Puerto Rico a espaldas del pueblo, y el Gobernador Ricardo Rosselló firma una pieza legislativa que enmienda la Ley de Tránsito con disposiciones que según dispuso el Tribunal Supremo de Estados Unidos serían inconstitucionales.  Entre éstas, obligar a un chofer a someterse a una prueba de sangre para detectar el nivel de alcohol en su cuerpo, aun cuando ya se había sometido a la prueba de aliento y no arrojó  el porciento de alcohol proscrito por ley”, añadió.

Explicó que en enero 2019, la legislatura de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 1381 bajo un título que no guarda relación alguna con las disposiciones inconstitucionales que se disponían aprobar; y, sin mediar vistas públicas sobre lo propuesto en el proyecto de ley.  El proyecto se convirtió en ley mediante la firma del gobernador hace menos de una semana.

"Dichas enmiendas adolecen de serias deficiencias tanto bajo la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico.  Entre ellas, violaría el derecho de toda persona a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la privacidad y autonomía, el debido proceso de ley que cobija a todos los acusados; y, posiblemente plantee una violación a la doctrina de separación de poderes.  En este último, la legislatura con el aval del ejecutivo usurpa la función judicial de examinar toda petición para órdenes de registro y allanamientos, las cuales tienen que basarse en causa probable; esto fue resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2013, por voz de la Jueza Sonia Sotomayor, en Missouri v. McNeely”, señaló.

"En ese caso el chofer se negó a someterse a la prueba de aliento, por lo que, como ya se hace en Puerto Rico, el policía lo obligó a realizarse la prueba de sangre, no consentida por el acusado.  El Tribunal Supremo resolvió que aun en esa situación se requería una orden judicial basada en causa probable.  El tribunal reafirmó que la toma de pruebas de sangre del cuerpo de una persona, sin su consentimiento, implica un registro irrazonable bajo la 4ta enmienda a la Constitución de Estados Unidos”, añadió.

"En Puerto Rico, sin embargo, sin consideración al estado de derecho vigente se legisló para ir más lejos. En este sentido, aun luego de que el conductor arroje un resultado negativo a la prueba de aliento, el policía está autorizado para obligar al chofer a someterse a una prueba de sangre, si el oficial aduce tener otras razones para creer que la persona está en estado de embriaguez”, dijo. 

Según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo Ramírez, tomar sangre del cuerpo de una persona es altamente intrusivo y violatorio al derecho a la privacidad, por lo que se requiere una Orden Judicial basada en causa probable. 

"No puede existir causa probable si el chofer no arrojó un porciento de alcohol en la sangre que exceda los límites impuestos por la Ley de Tránsito; en dicho caso lo que procede es permitir que el chofer siga su camino. De existir alguna otra evidencia independiente que sirva de causa probable, el oficial está obligado a conseguir una Orden Judicial para la toma obligatoria de una prueba de sangre", señaló.

"La Ley de 24 de mayo de 2019, que enmienda la Ley de Tránsito de Puerto Rico es inconstitucional en cuanto a los aspectos expuestos anteriormente;  le corresponderá a los tribunales pasar  juicio sobre la misma.  Mientras tanto, estamos seguros de que abogados y abogadas criminalistas harán los planteamientos necesarios para suprimir toda aquella evidencia que se obtenga de forma inconstitucional. El gobierno no puede continuar violando la constitución en la consecución de sus políticas públicas erradas”, concluyó.

CN