Contrato de LUMA Energy no protege interés público, según exfuncionarios de la AEE

Dos exfuncionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuestionaron el contrato de LUMA Energy para la Operación y el Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución Eléctrica de Puerto Rico, por considerar que no protege el interés público.

"Esto propendería a un monopolio, pero esta vez en manos privadas, sin garantías de que se proteja el interés del pueblo puertorriqueño, antes que los intereses de LUMA y sus compañías matrices”, afirmaron en una ponencia ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado Héctor Rosario Hernández, ex director ejecutivo de la AEE, e Ivelisse Sánchez Soultaire, ex asesora de la Junta de Directores de la AEE.

Durante el segundo día de vistas públicas de la Comisión, presidida por el senador Javier Aponte Dalmau, enfatizaron que la función de administrar los activos de la AEE está sujeta a un acuerdo que aún no se ha publicado y que representaría un costo adicional que habrá que pagar a LUMA, por lo que advirtieron también puede resultar en un aumento en la tarifa.

Al inicio de la audiencia pública, el presidente de la Comisión aseguró que aún tiene muchas interrogantes sobre el proceso de adjudicación del contrato a LUMA Energy.

"Durante la primera vista pública, con la Autoridad de Energía Eléctrica, fueron muchas las preguntas que hicimos y pocas las respuestas que recibimos. En esta ocasión, estamos indagando en detalles, que en la vista de la Cámara de Representantes no se tocaron o algunos se tocaron de manera muy limitada”, expresó Aponte Dalmau.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) manifestó que los detalles son en términos del acuerdo, pues "nosotros entendemos que este contrato hay que revisarlo, indudablemente, (ya que) al final del día no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico”.

"Nosotros tenemos que buscar las herramientas para decirle al Gobernador (Pedro R. Pierluisi) en dónde hay que enmendar este contrato y salvaguardar (el bienestar de todos los ciudadanos)”, subrayó Aponte Dalmau.

Mientras, al concluir su ponencia Rosario Hernández y Sánchez Soultaire sostuvieron que hay serias dudas en la legalidad del proceso de adjudicación y de algunas secciones en el contrato de LUMA Energy, por lo que entienden se debe enmendar.

Establecieron, además, que si el contrato incluye un incentivo por buen desempeño, también debe de incluir penalidades por desempeño insatisfactorio, pues es lo justo para ambas partes.

El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), expresó durante su alocución su agradecimiento a Rosario Hernández y Sánchez Soultaire, ya que su ponencia tiene mucha información y "confirma las dudas muy grandes que tenemos con este contrato”.

Otro de los deponentes en la vista fue el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP), Fermín E. Fontanés Gómez, quien destacó que "la falta de mantenimiento y los problemas relacionados con las servidumbres de paso, han llevado a la AEE a operar las líneas de transmisión y distribución muy por debajo de su capacidad establecida”.

El funcionario defendió el proceso para el otorgamiento del contrato entre la AEE y LUMA Energy y resaltó que hubo colaboración y participación activa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) y sus consultores para alinear el resultado final del contrato tanto con el proceso de reestructuración como con el plan fiscal certificado de la AEE.

En cuanto al término del contrato, Fontanés Gómez que los 15 años no se pactaron de forma arbitraria, sino que se determinó tomando en consideración lo requerido por las disposiciones de exención contributiva del IRS y según resulta necesario para viabilizar la transformación del sistema eléctrico.

Sobre la terminación del acuerdo especificó que LUMA no puede abandonar sus obligaciones a su discreción, además de reiterar que "el contrato no provee para que el operadorsúbitamente abandone su responsabilidad imprevistamente”.

Fontanés Gómez expresó que la APP entiende que con el contrato el pueblo puertorriqueño se beneficiará de un sistema más confiable, asequible, centrado en el cliente, con menos interrupciones y en donde el número de incidentes y otras medidas de seguridad alcancen los estándares de la industria. INS