Comunidades celebran un veto en contra de las expropiaciones
Miembros del Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones Forzosas (CRE) y líderes comunitarios celebraron el jueves el veto de bolsillo al Proyecto del Senado 926 de parte del gobernador, Ricardo Rosselló que según alegaron, ampliaría los poderes de la Administración de Terrenos para expropiar con el fin de crear proyectos de desarrollo privado.
"En una decisión muy acertada, el gobernador de Puerto Rico procede a vetar el proyecto 926 en defensa de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico”, indicó en declaraciones escritas Edwin Ortiz, miembro del CRE y residente de Las Curías, San Juan.
Ortiz dijo que actualmente, los municipios no pueden expropiar dentro de Comunidades Especiales a menos que realicen un proceso de consulta a la comunidad afectada. Este ha sido el único mecanismo que ha protegido ciertas comunidades, como Vietnam en Guaynabo, contra de las expropiaciones.
"Sin embargo, bajo el Proyecto del Senado 926, un municipio hubiese podido entrar en un convenio con la Administración para que éste último realice la expropiación sin necesidad de cumplir con el requisito de participación ciudadana. El proyecto hubiese convertido la Administración en un ‘broker’ para desarrolladores privados, con aún más facultad de expropiar y desplazar para proyectos con poco o ningún fin público”, agregó Ortiz.
Detalló que el proyecto, que fue aprobado el pasado mes de julio por la Cámara y Senado, fue radicado por el senador Miguel Romero, por petición de parte del liderato de la Administración de Terrenos. Grupos comunitarios se movilizaron y se reunieron por largas horas con legisladores y abogados de la Administración para detener el proyecto.
Sin embargo, alegó que la medida bajó a votación por descarga y sin vistas públicas. Líderes comunitarios buscaron sin éxito insertar enmiendas para proteger comunidades. Un grupo de 25 líderes comunitarios representando comunidades de San Juan (Hill Brothers, Santurce, el G-8 del Caño Martín Peña, Cupey, Cantera, La Perla), Carolina, Aguas Buenas y Arecibo firmaron una carta dirigida al gobernador el pasado 16 de agosto pidiendo que no firmara el proyecto.
"Este veto ejemplifica que el pueblo se cansó del abuso y que defiende sus derechos, no importa el partido que esté en el poder. Todavía no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que seguir luchando por todas las comunidades de Puerto Rico”, indicó Lucy Cruz, Presidenta del G-8 del Caño Martín Peña.
Por último, MaryAnne Hopgood, presidenta de Santurce No Se Vende, dijo que el CRE exige una reforma de la Ley de Expropiaciones con el fin de hacerla más participativa, justa y transparente. "Esto permite que se abra una discusión honesta y participativa para enmendar la ley de expropiación forzosa para garantizar el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental para el desarrollo humano. Esperamos escuchen el reclamo de las comunidades en tener participación activa en su desarrollo”, señaló.
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