M-18 rechaza acuerdo con Cofina y convoca a manifestación el 16 de enero
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 El grupo de Mujeres M18 expresó hoy su rechazo total al acuerdo “leonino e inmoral” propuesto para los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y exhortó a la jueza federal Laura Taylor Swain a no confirmar el mecanismo de consenso.

Igualmente se unió a la convocatoria del 16 de enero para una manifestación frente al Tribunal Federal, en Hato Rey, que “le evidencie a la jueza Swain la oposición del pueblo de Puerto Rico a ese acuerdo que compromete la economía personal y pública de la presente y de futuras generaciones de puertorriqueños por 40 años”.

En su primera reunión de 2019, M18 trazó su agenda de los próximos meses otorgando prioridad al inmediato repudio al acuerdo de Cofina por considerarlo “una manipulación legal para lavar una deuda ilegal”.

“Es urgente que el país entienda bien los alcances de lo que proponen los acreedores de Cofina y se movilice para detener sus pretensiones”, manifestó el M18 en un comunicado.

Agregó que los acreedores votaron “para ratificar el acuerdo de una deuda claramente ilegal que no ha sido auditada y que excede el límite constitucional. Pretenden manipular el sistema judicial federal para que se les sancione lo que a todas luces implica el lavado de una deuda ilegal”.

A juicio del junte de mujeres, “el acuerdo afecta directamente los recaudos del fondo general, ya que gran parte del dinero va directamente depositado en el Bank of New York Mellon y no cuenta para propósitos del presupuesto gubernamental”.

“En otras palabras, priva al gobierno de Puerto Rico de proveer servicios esenciales de seguridad, salud y educación, y afecta toda posibilidad de inversión en el desarrollo económico y social. Además, pretende que se trate a los acreedores de Cofina como los primeros acreedores en la deuda pública y que el repago sea mucho mayor que la cantidad en que compraron la deuda”, asevera.

El M-18 entiende que los acreedores de Cofina tienen que competir en buena lid con los demás acreedores no asegurados de la deuda pública, “porque este acuerdo les da la potestad de impedir legislación o medidas que lo alteren”.

Se sostiene también en que el gobierno tiene que garantizar primero el pago de asuntos más importantes para la salud económica del país, “como las pensiones y los servicios esenciales”. INS

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