No tomó cartas la división de Integridad Pública en las alegadas irregularidades en el Sistema 9-1-1
Desde el 28 de septiembre la división de Integridad Pública del Departamento de Justicia fue advertida sobre supuestas irregularidades en el Sistema 9-1-1. Asì se desprende de una carta enviada a la subdirectora de esa sección, Wilda Joy Nin, sin que entonces nada haya hecho, supo la agencia Inter News Service (INS).
La carta ni siquiera fue contestada al emisor, la Communications Workers of America-CWA (Local 3010-AFL-CIO). La misiva fue enviada por correo electrónico y certificado por el presidente del sindicato, Luis M. Benítez Burgos.
A diciembre de este año, tampoco se ha iniciado una investigación, aunque el director ejecutivo del 9-1-1, Juan Gabriel Morales, renunció hace un mes en medio de investigaciones de otras agencias fiscalizadoras que prometieron intervenir.
Al director interino Oscar Iván Nazario Segarra se le ratificó hace unos días y se le dobló el salario, de $4,200 a $8,200, en lo que resta de mes, lo que le permitirá elevar considerablemente la liquidación cuando tenga que renunciar al cargo. A Morales se le liquidó $55,000.
En la carta a Joy Nin, Benítez denuncia que las situaciones que plantea "han afectado y puesto en peligro la seguridad del pueblo de Puerto Rico” y son actuaciones que "podrían ser conductas delictivas del (entonces) director ejecutivo del 9-1-1 Juan G. Morales Vargas”.
La subdirectora de Integridad Pública no respondió la carta ni indagó por mayor información al sindicato, reveló su presidente a INS.
Nin ha estado enfrascada en acusar en este año electoral, en varios casos simultáneos presentados poco antes de las elecciones, a funcionarios vinculados con pasadas administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), como a tres exrectores, al ex superintendente del Capitolio Eliezer Velázquez, varios funcionarios de esa dependencia y otras personas relacionadas con ese partido.
El caso de los ex rectores se cayó este pasado jueves cuando un juez en el Tribunal de San Juan decidió que es el Panel del Fiscal Independiente el que debe investigar y acusar, y no el Departamento de Justicia.
Precisamente la figura del fiscal especial independiente se creó para alejar al Departamento de Justicia de acusaciones políticamente motivadas. El FEI debe ser el filtro que decida si hay base para acusar y llevar el caso.
Una declaración del 2008 apuntó a Nin diciendo que "solo investiga a penepés”. Las acusaciones de Nin ese año electoral también fue contra varios exfuncionarios del PNP.
Benítez le informó a la fiscal que hubo nombramientos en el 9-1-1 "con información falsificada de estudios” y certificando un puesto cuya necesidad no era apremiante y urgente como exige la Ley 66. Igualmente se hizo el nombramiento con un aumento de sueldo mayor al que la clase requería, en violación a la ley citada.
Y se hizo "con conocimiento e intervención directa de Morales Vargas”, señala la carta. Un delito de corrupción gubernamental de ese tipo no tiene probatoria en el estatuto penal ni prescribe.
El dirigente sindical también aludió a gastos alegres en comidas y otros renglones y el otorgamiento de un contrato de tecnología de sobre $800,000 a la empresa Invid, sin la autorización de la Junta de Gobierno e "innecesario”, sin subasta y hasta con la oposición de los expertos en Sistemas e Información del propio 9-1-1.
Surge en la carta, además, una alegada represalia contra la auditora en jefe interna, Verónica Muñoz, por llevar a la Junta informes sobre las supuestas irregularidades de Morales Vargas. La Junta la removió del puesto y nombró de interino al subdirector del 9-1-1, quien le respondía al propio Morales Vargas.
También la carta reveló supuestos actos de represalias a los empleados "que han denunciado actos de hostigamiento laboral de Myrna Ortiz, supervisora nombrada por el director ejecutivo y quien es miembro del grupo Populares del 9-1-1”.
En el documento enviado específicamente a Nin, como subdirectora de la División de Integridad Pública, se enumera otra serie de irregularidades que tienen a beneficiar a allegados.
La auditoría de Muñoz llegó a denunciar un acto de nepotismo de un miembro de la Junta y la hija que se contrató en esa agencia.
Más aun, la carta le expresa a Nin que existen otras irregularidades "que por su seriedad deben ser discutidas en persona” y le ofrecieron llevarle esa y otra evidencia que poseían. Benítez le indicó a INS que a esa reunión Nin tampoco lo convocó.
por:INS
