Colegio de Abogados urge al gobierno a adoptar medidas de salubridad para prevenir la propagación del Covid-19 en la población penal
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), Edgardo Manuel Román Espada, urgió hoy al gobierno a adoptar medidas de salubridad para prevenir la propagación del virus Covid-19 en la población penal de Puerto Rico.
De esta forma, se unió al reclamo de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (Uiasal), ante el peligro que representa para las personas privadas de su libertad el contagio con el coronavirus.
"El Colegio ha defendido históricamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin que ello se confunda con promover la impunidad. El momento crítico clama por una visión salubrista integral y no de exclusión”, indicó Román Espada.
Maritza Luna, presidenta de la Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Caapr, agregó que "cumpliendo con nuestro compromiso profesional y social, reiteramos que, ante la propagación a gran escala de este virus, se debe proteger a los confinados, y sobre todo a los más vulnerables, que no representen un riesgo para la comunidad”.
La población penal figura entre los sectores con más alto riesgo de contagio, que requieren una mayor atención dentro la política pública de prevención sobre el coronavirus que promueve el gobierno, según han señalado el Colegio y otras organizaciones civiles que reclaman el nombramiento de un task force social.
"Insistimos en la constitución de un task force social que permita nutrir la política pública para atender esta emergencia con la experiencia y conocimiento especializado en los asuntos relacionados con la protección de las poblaciones más vulnerables, entre ellas, las personas privadas de su libertad”, recalcó Román Espada.
Por el momento ha circulado muy poca información sobre las medidas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) para prevenir o enfrentar la posible propagación del Covid-19 dentro de las instituciones penales.
Se desconoce, además, el porcentaje de personas en prisión mayores de 65 años que padecen, al menos, una de las condiciones que aumenta significativamente los riesgos a la salud en caso de contagio con el Covid-19.
La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Caapr apoyó las propuestas presentadas por la Uiasal para evitar la propagación en masa del virus dentro de las cárceles:
-Identificar a las personas que estén a punto de cumplir sus sentencias (que les falten 100 días o menos) y que, después de realizar un análisis de peligrosidad, dichas sentencias se den por cumplidas.
-Realizar con urgencia un censo de la población correccional, que incluya al personal civil, para identificar aquellos casos más vulnerables, tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes de salud.
-Que se les permita continuar cumpliendo sentencias bajo restricción domiciliaria a aquellas personas que estén confinadas por delitos no relacionados con actos violentos, luego de una evaluación minuciosa de peligrosidad, y también, a las que cuenten con un estado de salud más frágil y que representen mayor riesgo de contagio, siempre que cumplan con los requisitos.
-Quienes no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad.
-Para permitir que los confinados y confinadas, que cumplan con los requisitos, puedan acogerse al beneficio de libertad condicionada, la Junta de Libertad Bajo Palabra debe acelerar las evaluaciones. INS
