Unión de Trabajadores de las Telecomunicaciones asegura continúan las renuncias en el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1
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El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones (UTC), Aramis Cruz Domínguez, denunció el miércoles, que en lo que va de año, se han reportado casi un 20 por ciento de renuncias en el Negociado, en su mayoría, telecomunicadores del sistema.

“Esto es un problema serio que al día de hoy no ha sido atendido por la actual administración. Mientras siguen desangrando el Sistema de Emergencias 9-1-1 usando los fondos para pagar vehículos de lujo, asignarlo para otros Negociados y en clara violación de las instrucciones de la Federal Communications Commission (FCC), el Sistema continúa a la deriva”, denunció Cruz Domínguez en comunicación escrita.

Recordó que en abril de este año, el comisionado de la FCC, Michael O’Reilly, le exigó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que utilizara los fondos del 9-1-1 para garantizar que haya equipo y personal suficiente y listo para atender las emergencias, “pues durante los pasados años se desviaron millones hacia el fondo general”.

“Toda esta crisis en el 9-1-1 se ha acrecentado luego de la Ley 26-2017 que eliminó ilegalmente los beneficios de los trabajadores del Negociado. Esto, pese que la propia Junta de Control Fiscal por escrito dijo que las medidas de austeridad no le aplican al negociado pues sus fondos son regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo AAFAF insiste en que le aplica y no le quiere dar paso a una enmienda a la Ley 26-2017, para resolver este asunto”, señaló.

 

Esto, según el vicepresidente de la UTC, en referencia al Proyecto del Senado 1059 radicado por los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, a petición del gremio, y que está pendiente para la sesión legislativa que inicia en enero de 2019.

Expuso que, “dicho proyecto aseguraría que los fondos 9-1-1 no se desvíen para otros propósitos no autorizados por la Ley Federal y reinstalaría el Convenio Colectivo en su totalidad para los empleados del Negociado sin tener que acudir a los tribunales”.

“Todo esto, en armonía con lo establecido por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 17 de septiembre de 2018 y de acuerdo con las instrucciones de la FCC. Con estas medidas, la Unión espera que se comiencen a resolver los problemas en el Negociado”, añadió.

“Nosotros esperamos que se apruebe este proyecto y que se detenga el éxodo masivo de empleados muchos de ellos con más de 15 años de experiencia. Es hora de que se atiendan los problemas del Negociado que desde que formó parte del DSP han ido en picada. También nos unimos al reclamo de otros sectores para que se elimine el DSP pues la decisión del gobierno de experimentar con la seguridad del país ha fracasado y el Pueblo no aguanta esta crisis más”, sentenció Cruz Domínguez.


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