FBI arresta exempleado del municipio de Toa Baja 

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) arrestaron la madrugada del viernes a un exempleado y a un contratista del municipio de Toa Baja, por un alegado esquema de corrupción con el uso de fondos federales.

"Estos acusados ​​participaron a sabiendas en un plan para defraudar al Municipio de Toa Baja que, como muchos otros municipios de Puerto Rico, se enfrenta a graves dificultades financieras, para su beneficio económico personal. Seguimos comprometidos con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos financieros y el fraude y mantendremos a los que se aprovechan de sus puestos, responsables de sus acciones”, dijo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Rodríguez Vélez detalló que un gran jurado federal presentó una acusación de seis cargos contra Edgar Arroyo Amézquita, exdirector de la Oficina de Facilidades Municipales bajo la administración del exalcalde, Aníbal Vega Borges y contra el contratista, Luis Serrano Perdigón por conspiración para obtener propiedad mediante fraude de un programa que recibía fondos federales, sobornos relacionados con programas que recibían fondos federales, robo de identidad agravado y por dar una declaración falsa a las autoridades federales.

Indicó que según la acusación, desde mayo de 2011 hasta mayo de 2013, los acusados conspiraron para cometer un robo relacionado con programas que reciben fondos federales. El objetivo de la conspiración era utilizar la posición oficial de Arroyo Amézquita para beneficiarse,  enriquecerse, robar y obtener por fraude propiedades por valor de al menos 5,000 dólares y bajo el custodia y control del municipio.

Asimismo, la fiscal federal precisó que los imputados presentaron documentación falsa al personal del municipio de Toa Baja para obtener contratos municipales y pagos monetarios de manera fraudulenta. Indicó que utilizaron una empresa ficticia, llamada Professional Sales & Service y el nombre y la firma de una persona real con iniciales JM a pesar que éste no estaba al tanto de las cotizaciones o el uso de su nombre y firma para enviar cotizaciones para el trabajo por contrato de la municipio.

Además, la investigación arrojó que los acusados también utilizaron un número de seguridad social ficticio y una cuenta de correo electrónico para que los pagos se procesaran bajo el nombre de Ventas y Servicios Profesionales y la compañía pareciera legítima.

"Arroyo Amézquita y Serrano Perdigón acordaron un precio por el trabajo que se realizará y luego acordaron aumentar el monto de la oferta presentada en Ventas y Servicios Profesionales. También presentaron presupuestos inflados bajo el nombre de una compañía controlada por Serrano Perdigón, A.L.S. Servicio Electrónico (ALS), para que las cotizaciones bajo el nombre de Ventas y Servicios Profesionales tengan el costo más bajo. Arroyo Amézquita utilizó su posición para entregar cotizaciones al comprador municipal con instrucciones de procesar inmediatamente la documentación del contrato en cuestión, para evitar que el comprador obtenga otras cotizaciones o determine la naturaleza ficticia de Professional Sales & Service”, relató Rodríguez Vélez.

Entretanto, detalló que los contratos otorgados a Professional Sales & Service fueron completados por Serrano Perdigón o por un empleado o subcontratista designado por él. Después de que se adjudicaran los contratos y los pagos fueran realizados por el municipio a Professional Sales & Service, el contratista depositaría los cheques en una cuenta bancaria que él controlaba a nombre de ALS. Serrano Perdigón hizo pagos en efectivo a Arroyo Amezquita con la intención de influir y recompensarlo. De 2011 a 2013, más de 140,000 dólares en contratos fueron otorgados y pagados por el Municipio de Toa Baja a Professional Sales & Service.

La fiscal federal precisó que en caso de ser hallados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración para obtener propiedad mediante fraude del programa que recibe fondos federales, una sentencia máxima de 10 años de prisión por soborno en relación con programas que reciben fondos federales, de dos a cuatro años de prisión obligatoria por los cargos de robo de identidad agravados, y una sentencia máxima de cinco años de prisión por mentir a las autoridades federales.

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Seth Erbe, está procesando el caso. La pesquisa sigue en curso y los acusados son considerados inocentes hasta que se le pruebe lo contrario.

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