Federales arrestan a tres empleados del Puerto de San Juan por narcóticos
Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico ha emitido una acusación contra tres estibadores, Carlos Alberto Hernández-Laguer, alias "Brea", Luis Roberto De León-Sánchez, alias "Coco", y Misael Ruiz-Valentín, alias "Misa", imputándoles cuatro cargos graves, que incluyen conspiración para importar cocaína, importación de cocaína, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla y posesión con intención de distribuir cocaína.
Los arrestos se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 2023 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) San Juan Seaport-Border Enforcement Security Taskforce (BEST) y otras agencias asociadas. Los estibadores, que trabajaban en el Puerto de San Juan, fueron detenidos por su presunta participación en facilitar el transporte de narcóticos entre la República Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos continentales.
Según los documentos judiciales, los acusados conspiraron intencionadamente y acordaron poseer, importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos desde la República Dominicana alrededor del 7 de junio de 2022. La investigación de HSI San Juan Seaport-BEST reveló que los estibadores eran miembros de una Organización Criminal Transnacional (TCO) que operaba entre la República Dominicana y Puerto Rico. Utilizaban su posición para eludir la seguridad y contrabandear grandes cantidades de cocaína oculta en contenedores de barcos de carga y compartimentos/vacíos dentro de los mismos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, destacó la importancia de desarticular las redes de narcotráfico y subrayó la necesidad de una coordinación sólida con socios nacionales e internacionales para combatir el narcotráfico.
La Agente Especial a Cargo de HSI San Juan, Rebecca González-Ramos, enfatizó el compromiso de HSI en proteger las fronteras y detener cualquier esquema criminal que facilite la entrada de narcóticos venenosos en la isla.
Si los acusados son declarados culpables, enfrentarán una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Un juez federal de distrito determinará la sentencia. La operación fue exitosa gracias al apoyo de varias agencias, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas.
Los fiscales auxiliares de los Estados Unidos Max Pérez-Bouret, María L. Montañez-Concepción y Camille García-Jiménez están procesando el caso. Para denunciar actividades sospechosas, se puede llamar al (787) 729-6969 (24 horas, 7 días a la semana).
