Policías estatales en PR podrán usar barba y tatuajes visibles en uniforme

Publicado: Febrero 5, 2026 12:42 pm
 Policías estatales en PR podrán usar barba y tatuajes visibles en uniforme

El Negociado de la Policía de Puerto Rico emitió la directriz PPR-2026-03, la cual establece nuevas normas sobre la apariencia personal de sus miembros, incluyendo regulaciones relacionadas con tatuajes, barbas, joyería, maquillaje y modificaciones corporales. La medida busca reforzar una imagen profesional y segura durante el desempeño de las funciones policiales.

Según el documento oficial, ahora se permitirá el uso de barba y bigote, siempre que se mantengan recortados, definidos y aseados, con una longitud máxima de un cuarto de pulgada. Solo se autorizarán estilos específicos incluidos en el anejo de la directriz, y cualquier tinte utilizado deberá ser de colores naturales.

En cuanto a los tatuajes, la reglamentación prohíbe aquellos visibles en la cabeza, cara, labios, lengua o cuero cabelludo. Los tatuajes visibles deberán cubrirse durante el servicio y quedan totalmente prohibidos los que tengan contenido discriminatorio, político-partidista, sexista, racista u ofensivo. No obstante, se permitirán tatuajes cosméticos con fines médicos o correctivos.

La directriz también prohíbe modificaciones corporales visibles como lengua bifurcada, inserciones bajo la piel, expansiones en las orejas o cicatrices intencionales. Los agentes que posean estas modificaciones deberán cubrirlas o removerlas, de lo contrario podrían enfrentar medidas disciplinarias.

Sobre maquillaje, joyería y vestimenta, se permitirá su uso siempre que sea discreto y no interfiera con el equipo oficial ni con la seguridad. Además, se prohíbe el uso de ropa, accesorios o insignias con mensajes ofensivos o políticos. En el caso de alteraciones dentales, no se permitirán adornos o joyas, aunque sí aparatos ortodónticos o coronas de color natural.

La orden aplica a todos los miembros de la Policía de Puerto Rico, incluyendo cadetes. El incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias y posibles acciones civiles o criminales. La directriz fue firmada el 5 de febrero de 2026 por el superintendente Joseph González.

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