Radican querella contra la policía por amenazas a una periodista

Nota Aclaratoria: Tu Noticia PR, cometió un error en el titular original de esta nota y queremos aclarar que contra la jefa de prensa del gobernador no se han radicado ningún tipo de querella 

 

(CyberNews) -La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Damaris Suárez anunció la radicación de una querella administrativa contra la teniente de la Policía de Puerto Rico, Clarisa Ortiz, luego que supuestamente recurriera a amenazas e intimidación contra un miembro de la prensa para exigir la eliminación de una noticia.

Suárez, señaló que ninguna violación a la libertad de prensa pasará por desapercibida ni debe ser excusada por parte del gobierno.

"Ningún funcionario de gobierno tiene la autoridad de decidir qué se publica y qué no. Mucho menos para sacar una nota de circulación bajo amenaza de arrestar al periodista. La teniente utilizó su poder para intimidar al colega, lo que representa un inaceptable ataque frontal a la libertad de prensa. Lamentablemente, los oficiales gubernamentales actuaron de cómplices, en lugar de condenar estos actos y tomar las acciones pertinentes”, expuso Suárez en un comunicado.

Detalló que la querella fue radicada el pasado viernes 27 de octubre por el bufete Rodríguez & Rodríguez C.S.P. , en representación de la ASPPRO y del periodista que fue objeto de intimidación por parte de una teniente uniformada y armada en el centro de comando del gobierno habilitado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Según Suárez, los incidentes ocurrieron el pasado sábado, 30 de septiembre, cuando se publicó una noticia, que el gobierno alegaba falsa, sobre un derrumbe en Yauco, que había dejado cubierta de fango a toda una comunidad en la región montañosa. La noticia informaba que la Guardia Nacional de Puerto Rico trabajaba fuertemente en despejar la zona y desconocía al momento cuántas personas habían muerto de 200 que vivían allí.

Indicó que la Oficina de Prensa de La Fortaleza publicó esa misma noche un comunicado de prensa desmintiendo los hechos, aunque posteriormente el secretario de la Gobernación, William Villafañe, admitió que se trató de un "error” porque, en efecto, había ocurrido un derrumbe. Alegó además que esa noche el periodista fue asediado por alrededor de 10 oficiales del gobierno y la teniente Ortiz, quien le comenzó a cuestionar de forma agresiva e intimidante sobre sus fuentes. Ortiz lo amenazó incluso con llevárselo arrestado si no removía la noticia del periódico digital.

Los abogados de los querellados Hugo Rodríguez Díaz y Alejandro Suárez Vincenty advirtieron que "el proceder de la teniente Ortiz constituye una crasa violación a los derechos civiles y constitucionales que le asisten al periodista y una intromisión ilegal y peligrosa con el quehacer periodístico de Puerto Rico”.

"Ningún miembro de la Policía de Puerto Rico está facultado para, so color de autoridad pública en el descargo de sus funciones, ordenar a miembros de la prensa eliminar artículos periodísticos y a publicar notas aclaratorias bajo amenaza de arresto y uso de la fuerza”, agregaron.

Asimismo, recalcaron que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos garantizan el derecho a una prensa libre de restricciones ilegales y arbitrarias como las que ocurrieron la noche del 30 de septiembre.

Además, llamaron la atención al hecho de que tanto el secretario de la Gobernación como la secretaria de Prensa, Yennifer Álvarez, estuvieron presentes en el centro de comando del gobierno esa noche, advinieron en conocimiento de estos sucesos y excusaron el comportamiento ilegal de la teniente de la Policía. Villafañe se limitó a afirmar que "es ella la que te está presionando”, mientras que Alvarez le dijo al periodista que cuando la teniente amenazó con su arresto "era molestando”.

Copia de la querella relatando estos hechos fue enviada a la comisionada de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández; a la directora ejecutiva de la Oficina de Reforma, coronel Clementina Vega Rosario; y al asesor técnico de cumplimiento, Arnaldo Claudio. La ASPPRO decidió proteger la identidad de la víctima para evitar represalias adicionales y pidieron igual discreción a los periodistas que reseñen el suceso.

Por su parte, Álvarez Jaimes reaccionó por escrito a la controversia.

"La noche del 30 de septiembre, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, acudió donde el periodista para ofrecer la versión del Estado sobre una noticia reportada por una agencia de noticias que fue replicada por el periódico en su página digital. Mi intervención como secretaria de prensa se limitó a solicitar al periodista que se reseñara la versión del Estado y lo mismo se hizo con el director de la agencia de noticias vía telefónica esa misma noche. Ante la alegación del periodista de que se había sentido intimidado por la agente de la Policía, acudí de inmediato para hablar con la oficial y ésta negó la alegación y rechazó haber amenazado con arrestarlo. Aunque la oficial negó las alegaciones del reportero, la orienté sobre la función de la prensa y reiteré que su deber era brindar seguridad y no intervenir con lo que publica o no un periodista. La oficial alegó que llevaba varios días en el lugar brindado seguridad y que había establecido una relación cordial con los periodistas y por eso estaba con ellos comentando las noticias publicadas”, relató Álvarez Jaimes.

Sostuvo que tras la conversación con la oficial de la Policía, acudió al periodista para informar lo discutido y que le ofreció su número de teléfono y le indicó que si tenía alguna preocupación o algún inconveniente le dejara saber para intervenir de nuevo. Alegó que le preguntó además al periodista si necesitaba que hiciera algo más ante su queja y el periodista se limitó a decir que hablaría con su editora. Dijo que por su parte, también informó sobre lo acontecido a la editora del periódico.

"Sobre la noticia publicada por la agencia de noticias—que fue replicada por el periódico en su versión digital—nos reiteramos en que contenía información incorrecta y que la agencia de noticias se basó en fuentes anónimas y no corroboró con las agencias de seguridad pertinentes la información antes de divulgar la historia a sus suscriptores”, concluyó.

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