No contesta fiscal federal si exempleados arrestados del Municipio de Toa Baja recibieron órdenes para desviar fondos federales para el pago de nómina y contratistas

 Luego del arresto de Víctor Cruz Quintero y Ángel Roberto Santos- García por supuesta corrupción, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo el jueves que la investigación sobre el Municipio de Toa Baja no ha culminado.

"Lo que estamos alegando en este momento, es que estas personas incurrieron en unas violaciones de leyes federales.  Y que seguimos con la investigación, hasta donde nos lleve la evidencia”, dijo la fiscal federal en conferencia de prensa.

Según Rodríguez Vélez, Víctor Cruz Quintero y Ángel Roberto Santos- García –ambos fueron directores de finanzas del Municipio de Toa Baja- transfirieron 2.5 millones de dólares del programa de Vivienda federal para el presupuesto general del Ayuntamiento, para pagar la nómina de los empleados y a los contratistas.

La fiscal no contestó la pregunta reiterada de si estos exempleados del municipio de Toa Baja recibieron órdenes para hacer las transferencias.

"En varias fechas desde septiembre de 2014, hasta febrero de 2016, Víctor Cruz Quintero realizó depósitos y transferencias de fondos federales de los departamentos de Salud y Vivienda federal a las cuentas generales y de Nomina del Municipio de Toa Baja para fines no autorizados. La acusación refleja al menos 7 transacciones, de sobre un millón, 750 mil dólares”, sostuvo Rodríguez Vélez.

En el caso de Santos- García, entre agosto de 2015 y septiembre de 2015, realizó varias transacciones de los fondos de salud y vivienda federal, para las cuentas de nómina del Municipio. En la acusación se da cuenta de al menos tres transacciones.

Se confirmó que Víctor Cruz Quintero tenía un contrato en la Cámara de Representantes con el representante y exvicealcalde de Toa Baja, Pedro Julio "Pellé” Santiago que venció el 30 de junio de este año. En el caso de Ángel Roberto Santos- García, estuvo bajo contrato en La Fortaleza hasta el 30 de junio.

De ser hallados culpables, se exponen a un máximo de 30 años de cárcel.

CN

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