Jefe de la policía en San Juan declara “Carpeteo y violación de derechos civiles” contra un empleado
Un sargento de la Policía Municipal de San Juan que fue despedido en el 2017 demandó en el tribunal estatal y federal a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto por violación de derechos civiles, represalias y otros.
En los recursos legales se incluyeron a la directora de Recursos Humanos, Marta Vera Ramírez, y la directora de prensa, Carmen Serrano Cruz y al exjefe de la policía Guillermo Calixto.
Según las demandas, la alcaldesa de San Juan dio instrucciones a la licenciada Marta Vera directora de personal del municipio a investigar en "secreto” a un sargento de la policía municipal de San Juan identificado como Luis Camacho.
Se alega que la alcaldesa advino en conocimiento que el sargento, en su tiempo libre, contribuía con noticias al periódico digital Tu Noticia PR, medio que denuncio en varias ocasiones ilegalidades en el municipio de San juan y maltrato de empleados.
Desde ese momento, el sargento alega que comenzó un patrón de persecución en su contra. Órdenes como el no permitir que éste acumulara horas extras o hasta impedir que él trabajara fue parte del patrón que se plantea en la demanda.
El patrón empeoró cuando un fatídico 4 de julio, un bebé, en la Casa Cuna, pereció ahogado en una piscina que contaba con el aval del municipio para estar allí.
En ese entonces la alcaldesa llegó hasta Casa Cuna, aseguró a los medios que investigaría porqué las piscinas estaban allí, e incluso suspendió a 3 empleadas a las que culpó de haber llenado piscinas en la Casa Cuna sin autorización.
El periódico Tu Noticia PR, publicó documentos dónde se demostraba que había sido el municipio quien autorizó llenar las piscinas.
Una vez esta publicación se dio a conocer, el sargento no fue castigado, ni suspendido, pero sí se le obligó a estar casi 6 meses fuera de la policía agotando sus balances de vacaciones, horas extras y compensatorios sin que él lo solicitara. Fue el único agente municipal al que se le obligó hacer esto.
Según se explica en la demanda, esta decisión se llevó a cabo como una forma de intimidación para que el periódico en el que hacía parte el sargento en su tiempo libre, no continuara publicando historias que afectaran la imagen de la alcaldesa.
Una declaración jurada del segundo al mando de la policía municipal, identificado como el capitán Raymond Ferrer subcomisionado de la policía municipal, advierte de las acciones ilegales que se tomaban contra el sargento por la publicación de artículos que afectaban la imagen de la alcaldesa.
El jefe policiaco comienza reconociendo que el sargento afectado por los demandados es una persona responsable, conocedor del trabajo y disciplinado.
Según el subcomisionado de la policía, en el mes de octubre del 2015 se le hizo entrega de un informe redactado por la licenciada Marta Vera Ramírez, directora de recursos humanos del municipio de San Juan.
Ferrer explica que el documento que se le entregó no tenía ningún número de comunicación oficial, algo que es requisito en todos los documentos que se tramitan en el municipio; es decir, que era un tipo de expediente "secreto” a lo que ya muchos le conocen como "Carpeteo”.
Según lee la declaración jurada, el expediente tiene como encabezado "Consulta en torno al proceder de miembro de la policía municipal/ reportero de sitio web tunoticiapr.com”.
Ferrer explica que el comisionado municipal, Guillermo Calixto, le ordenó hacer una investigación sobre lo solicitado. Según la declaración, luego que el subcomisionado comenzara a documentar el expediente para la investigación formal a tenor con el reglamento, el comisionado Calixto le ordenó no hacer investigación y que solo realizara un informe de hallazgos.
Según la declaración, el comisionado no logró evidenciar o encontrar nada que relacionara al sargento con el portal noticioso.
El subcomisionado explica que redactó un informe con número oficial y que en él explica que debería de realizarse una investigación administrativa formal, lo cual nunca se realizó.
Es el mismo subcomisionado municipal quien explica que el procedimiento contra el sargento fue llevado contrario a lo establecido en los estatutos legales que cobijan los procedimientos contra cualquier miembro del departamento de seguridad pública.
El subcomisionado reconoce que nunca se le advirtió al sargento que el municipio lo investigaba en secreto sin motivo para ello, y que se le violaron sus derechos durante esta investigación oculta.
Vea y lea la declaracion Jurada
El sargento, que había decidió renunciar ante la presión que mantenía la alcaldesa y sus subalternos contra este, fue expulsado de la policía sin que mediara ni siquiera una investigación administrativa para ello.
En la demanda federal, Camacho Ortiz exige que se le restituya a su puesto como sargento de la Policía Municipal; que ordene al Municipio de San Juan que se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen 2 millones de dólares en daños, además de las costas de abogados.
Para el caso estatal, además de que le devuelvan su puesto y le paguen las compensaciones dejadas de recibir, Camacho Ortiz reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan; 300 mil dólares a la alcaldesa Cruz Soto; 250 mil dólares a la licenciada Vera Ramírez y 100 mil dólares a Carmen Serrano. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.
Se solicitó a los funcionarios del Municipio de San Juan una reacción a las demandas. La portavoz de prensa, Carmen Serrano Cruz contestó que "la política pública del municipio es que no emitimos comentarios sobre casos o investigaciones que estén en curso”.
Vea aquí y descargue las demandas y la declaración jurada del segundo al mando de la policía en San Juan
