Un gran jurado federal emitió una acusación de tres cargos contra Aileene Mudafort Fernández y Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc. por deshacerse de una pistola a un delincuente, ayudar e instigar en el tráfico de armas de fuego sin licencia y no mantener registros de armas de fuego.

"Los delitos violentos que involucran armas de fuego a menudo son cometidos por personas que no pueden obtener un arma de fuego legalmente, pero encuentran la manera. De acuerdo con las acusaciones, estos acusados se involucraron en el negocio de vender armas sin seguir las leyes de armas de fuego”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en comunicación escrita.

"La fabricación y venta sin licencia con fines de lucro de armas de fuego de gran capacidad es una grave amenaza para la seguridad pública. Continuaremos investigando enérgicamente a los traficantes de armas y enjuiciando las violaciones de la ley”, añadió.

Según las acusaciones, desde al menos 2020, Mudafort Fernández y su tienda de armas ayudaron e instigaron a "R.R.M.” en el tráfico ilegal de armas. Además, Mudafort Fernández se deshizo de una pistola Taurus en 2019 a "P.C.T.”, sabiendo que era un delincuente. Mudafort Fernández y su arsenal tampoco cumplieron con los acuerdos de armas de fuego de acuerdo con la ley.

En una acusación separada, José Berrios Aquino, armero de Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc., fue acusado de posesión de una ametralladora. Un armero de Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc., José Berrios Aquino, fue acusado en una acusación separada de posesión de una pistola que había sido modificada para convertirse en una ametralladora. Según documentos públicos, el arma de Berrios Aquino había sido modificada con un gatillo de reinicio forzado Alamo-15, que modifica un arma para disparar automáticamente más de un tiro sin recarga manual mediante una sola función del gatillo.

"Los titulares de licencias federales de armas de fuego tienen una responsabilidad especial como primera línea de defensa contra el desvío ilegal de armas de fuego del comercio lícito. La ATF nunca tolerará el incumplimiento de ese deber al participar deliberadamente en estas supuestas acciones”, dijo Christopher Robinson, agente especial a cargo de la ATF.

La fiscal federal adjunta Linet Suarez de la Sección de Delitos Violentos está a cargo del enjuiciamiento del caso. El Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está a cargo de la investigación.

Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una sentencia de hasta diez años de prisión. Una acusación solo contiene cargos y no es evidencia de culpabilidad.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.