Jueza ordena al Registro Demográfico a divulgar información muertes por María

 El Registro Demográfico tiene siete días a partir de ayer, lunes para entregar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y a Caribbean News Network (CNN) la información que han solicitado sobre las muertes relacionadas al huracán María.

"Por los fundamentos antes expuestos, habiéndose sometido todos los asuntos ante la consideración del Tribunal con los memorandos de derecho, y en vista de que el Estado no demostró la existencia de intereses de mayor jerarquía que el derecho constitucional al acceso a la información, se declara CON LUGAR, la solicitud de las partes demandantes y ORDENA al Estado a, en un término de 7 días divulgar la información solicitada tomando las precauciones necesarias para que sean ilegibles los números de seguro social contenidos en los documentos”, dicta la sentencia emitida el lunes, 4 de junio por la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

El CPI radicó una demanda el pasado 8 de febrero contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la isla tras el huracán María.

El tribunal emitió una sentencia consolidada en la que incluyó el pedido que hizo CNN luego que se revelara que un estudio independiente de la Universidad de Harvard indica que luego del huracán y hasta diciembre de 2017 se pudo haber registrado un promedio de 4,645 muertes de un intervalo que va desde 793 hasta 8,498.

El viernes pasado el Registro Demográfico divulgó las cifras de la muertes que indican que desde el mes de septiembre a diciembre de 2017, se han registrado 11,459 decesos. Las cifras indican que se reportaron 1,356 muertes más en 2017 respecto a las registradas en 2016.

La sentencia de 27 páginas indica que en específico el CPI tendrá acceso a las defunciones registradas en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017 hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico de Puerto Rico, en formato de base de datos completa, desglosadas conjuntamente por día y municipio.

También deberán entregar copia de los certificados de defunción emitidos desde la mencionada fecha hasta el presente; copia de los permisos de enterramiento otorgados desde esa fecha al presente y copias de los permisos de cremación otorgados. Asimismo, deben dar autorización para acceder la libreta manual en el que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico y acceso a la base de datos sobre causas de muerte que mantiene esa dependencia gubernamental.

De igual forma se ordena al estado que le de acceso a CNN a copia digital de la base de datos que se utiliza para mantener récords de los certificados de defunción que se emiten en Puerto Rico, esto limitado al periodo del 20 de septiembre de 2017 al 20 de enero de 2018. Entretanto, le deben entregar copia digital de todos los certificados de defunción emitidos en ese periodo de tiempo.  

"Al proveer esta información el gobierno realizará todas las medidas que entienda necesarias para procurar el mayor nivel de transparencia tanto en la recuperación de nuestra isla, como en los daños a la vida de nuestros ciudadanos causados por este fenómeno atmosférico”, cierra la sentencia.

Por su parte, Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, celebró la decisión del tribunal, a la vez que alegó que el gobierno mostró su falta de transparencia y de sensibilidad en todo el proceso.

"Los datos de las personas muertas tras el huracán María se habían convertido en el secreto mejor guardado por la administración de Ricardo Rosselló, que sólo dio información mínima y general, en ocasiones errada, y que más bien ha estado impidiendo, con recursos públicos, que los periodistas y la academia puedan ver las bases de datos y los certificados de defunción. Esa política pública es una contradicción con su estrategia de relaciones públicas que pregona la transparencia”, reaccionó. "Emplazamos al gobernador Rosselló a que finalmente entregue la información sin más excusas”, añadió la periodista en declaraciones escritas.

El CPI fue representado en este caso por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Rafael Rodríguez Rivera, Anette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt.

Indicó que uos días después del huracán María, el CPI comenzó a publicar reportajes que revelaban que había docenas de muertes adicionales confirmadas que no estaban siendo informadas por el gobierno, en parte debido a la falta de un protocolo de especial para manejar los decesos en casos de desastre, y a la respuesta lenta de las agencias de gobierno.

"Las periodistas Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch Padilla publicaron una serie de historias y los datos oficiales finalmente confirmaron que en septiembre y octubre hubo más de 1,000 muertes en exceso, en comparación con 2016. Pero desde entonces, el gobierno se negó a dar una explicación a ese exceso de muertes. En diciembre, cuando la cifra oficial de muertes se situaba en 64, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó un recuento y un estudio a profundidad de las muertes”, concluyó.

Por su parte el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés sostuvo en declaraciones escritas que "El Gobierno de Puerto Rico cumplió con lo que dispone expresamente la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. No obstante, ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”.

CN