Radican 173 cargos por fraude al Medicaid; médico, administrador y laboratorio enfrentan acusaciones
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó un total de 173 cargos criminales contra un médico, un administrador de oficina médica y un laboratorio clínico por presuntamente presentar reclamaciones falsas y fraudulentas que superan los $1.7 millones, logrando apropiarse de más de $1 millón en fondos públicos.
El caso principal involucra al Dr. Jorge Rodríguez Wilson, a la corporación Wilson Orthopaedics Medical y al administrador Javier Ortiz Hernández. Según la investigación, entre marzo de 2025 y enero de 2026 el médico continuó ofreciendo servicios, diagnosticando pacientes y facturando a planes médicos mientras su licencia profesional permanecía suspendida. Asimismo, se alega que Ortiz Hernández practicó ilegalmente la medicina al examinar, tratar y diagnosticar pacientes.
La Fiscalía presentó 81 cargos contra Rodríguez Wilson, 64 cargos contra la corporación y 28 cargos contra Ortiz Hernández por delitos relacionados con fraude, apropiación ilegal de fondos públicos, falsedad ideológica, práctica ilegal de la medicina y reclamaciones fraudulentas al programa Medicaid. Las autoridades estiman que las reclamaciones sometidas ascendieron a $1,590,058.21, provocando pérdidas de $935,559.67 al sistema.
Por estos hechos, la jueza Lisa M. Durán Ortiz encontró causa probable para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $109,000. La vista preliminar fue pautada para el 29 de junio de 2026.
En un caso separado, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid presentó 19 cargos contra el Laboratorio Clínico del Pueblo, ubicado en Guaynabo. La investigación reveló que entre agosto de 2022 y mayo de 2023 el laboratorio sometió reclamaciones fraudulentas por más de $114,000 y recibió pagos indebidos ascendentes a $76,888.37 por pruebas y servicios que no cumplían con los requisitos médicos establecidos.
Las autoridades indicaron que ambos casos forman parte de la iniciativa nacional National Health Care Fraud Takedown, dirigida a combatir el fraude en los programas de salud financiados con fondos públicos. Las investigaciones contaron con la colaboración de agencias federales, incluyendo la Oficina del Inspector General de Salud y el FBI.
