El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció el jueves la acusación contra cLuis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres por violaciones a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act en inglés) y a la Ley de Ríos y Puertos (Rivers and Harbors Act en inglés) por supuestamente construir y depositar ilegalmente material de relleno en el área de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos la Reserva Estuarina de Jobos) y la comunidad Las Mareas en Salinas, Puerto Rico."Las acusaciones establecen que, desde aproximadamente enero del 2020 hasta octubre del 2022, Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres virtieron, a sabiendas, material de relleno de maquinaria de excavación en humedales y aguas estadounidenses en violación a la Ley de Agua Limpia. Además, se acusó a Rodríguez Sánchez y Bones Torres de construir estructuras dentro de aguas navegables estadounidenses sin autorización del Secretario del Ejército, en violación a la Ley de Ríos y Puertos”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.

"En mayo, de 2022, algunos de los que estamos aquí hoy, fuimos personalmente a la Bahia de Jobos a ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando. En aquella ocasión, dijimos que de encontrar violación de leyes federales, íbamos a investigar estos delitos hasta sus últimas consecuencias. Si usted está viendo esto y sabe que violó la ley, no espere mucho porque esta investigación sigue. Y para el pueblo, sigan reportando que nosotros seguimos trabajando para ustedes”, expresó el agente especial a cargo del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Joseph González.

Muldrow explicó no es necesario establecer para efectos de la acusación, si Rodríguez Sánchez, dueño de una cantera y equipo pesado, como Bones Torres, propietario de un camión y de equipo pesado, son dueños o vivían en alguna propiedad en la Bahía de Jobos.

La investigación de este y otros casos no ha culminado, por lo que no se descartan acusaciones adicionales, confirmó Muldrow.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán hasta un total de cuatro años de cárcel, multas y medidas cautelares para eliminar las estructuras ilegales.