Judicial presentará hoy informe sobre feminicidios en Puerto Rico

Tras 52 días de espera por la publicación de un informe preliminar sobre feminicidos en Puerto Rico, el Poder Judicial sostendrá una conferencia de prensa en la que se espera que esta tarde la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, divulgue el documento que comisionó al "Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio” mediante Orden Administrativa del pasado 4 de mayo de 2021.Esta rueda de prensa anunciada hace una semana, coincide con la agudización de los reclamos ciudadanos para que se impongan sanciones en contra de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, tras conocerse que fue una de las togadas que intervino en el caso que desembocó en la muerte del niño de 8 años, Jayden Elier Santiago Figueroa. Además, la convocatoria a los medios de comunicación ocurrió hace una semana, mediante un solo correo electrónico.

Alvarado León también fue la jueza que atendió el caso criminal bajo Regla 6 en contra del presunto agresor Miguel Ángel Ocasio Santiago y en el que la mujer de 35 años Andrea Cristina Ruiz Costas testificó en contra de este por presuntas violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Días más tarde, el cuerpo de Ruiz Costas fue hallado parcialmente quemado en Cayey.

Este ente independiente hizo entrega del reporte preliminar a Oronoz Rodríguez el pasado 21 de junio, según se desprende de un parte de prensa circulado por el propio Poder Judicial en ese entonces. En otro comunicado difundido el 5 de agosto, se plantea que el referido informe conllevó "un ejercicio que ha tomado tiempo, pues implicó evaluar expedientes judiciales, realizar entrevistas a los distintos componentes del sistema de justicia e incorporar datos estadísticos y análisis de procesos, entre otra información”.

De acuerdo con la Orden Administrativa OAJP-202 1-075 que crea el grupo (LINK: https://drive.google.com/file/d/1JytPc3lPCLfogVIB8a1B9v3K5ZMMiXf7/view?usp=drivesdk), el proceso investigativo para producir el informe preliminar debió haber ocurrido entre el 4 de mayo hasta la entrega del documento el pasado 21 de junio, pues se le proveyó al ente independiente un término de 45 días para así hacerlo.

De dicha Orden firmada por la jueza presidenta y certificada por su Director Administrativo de Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, se desprende que las labores del ente se realizarían "sin menoscabo del ámbito de discrecionalidad inherente al trabajo judicial y de la importancia de respetar el principio de independencia judicial”.

Para realizar dicho análisis, Oronoz autorizó a los jueces Janette Perea López, William Machado Aldarondo, Raiza Cajigas Campbell, Juan Vera Rivera y a la presidenta del grupo, la licenciada Aleida Varona Méndez a examinar la información de los distintos casos de violencia de género que culminaron en feminicidios, para comparar prácticas administrativas y operacionales en el manejo de estos y efectuar una radiografía de todo el andamiaje y de los procesos que enfrentan las víctimas cuando presentan un caso o una petición relacionada a la violencia de género en el contexto del trámite judicial.

Además, se le pidió al Grupo de Trabajo consultar a otros componentes del sistema de justicia para obtener sus impresiones, experiencias, comentarios y observaciones sobre el manejo de los casos de violencia de género y feminicidios, identificar las prácticas que funcionan y tienen resultados positivos y aquellas que no funcionan y requieren atención inmediata e identificar las necesidades de capacitación en temas puntuales de tangencia administrativa, operacional, jurídica, entre otros, para todo el personal.

Como parte de ese análisis, se espera que el organismo haya examinado los audios que el máximo foro sentenciador del Poder Judicial le ha negado al país y a su prensa en al menos seis ocasiones distintas, sobre el proceso civil y criminal en que Ruiz Costas figuró como peticionaria y testigo, respectivamente. Esas mismas grabaciones son los que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC) pretenden obtener a través de un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ante la negativa de la mayoría de jueces del Supremo local en divulgarlos.

CN