Gran Jurado federal acusa a empleados y contratistas del Servicio Postal que se robaban las cartas

Publicado: Junio 29,2017 7:28pm
Gran Jurado federal acusa a empleados y contratistas del Servicio Postal que se robaban las cartas

Un Gran Jurado presentó este martes cargos contra cinco personas, algunas de ellas empleados del Servicio Postal y otros contratistas, por diversos delitos, entre ellos robarse las cartas, anunció hoy la fiscalía federal del distrito de Puerto Rico.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó que sobre cada uno de los acusados pesan cuatro cargos por delitos relacionados a las leyes del correo general.

Los casos fueron investigados por la Oficina del Inspector General de esa agencia, la DEA y la Policía de Puerto Rico.

Los acusados y empleados federales son  Mary T. Rivera Rivera, a la que se le acusó de dos cargos por robar las cartas y otros dos por dilatar la entrega de las mismas.

A Yoel A. Escobales Ramos, un contratisa del correo federal, sobre el que pesan dos cargos de robo de cartas y uno por obstruir la correspondencia.

Mientras, contra el empleado del U. S. Postal Service (USPS) Orlando Sánchez Abreu, se presentaron tres cargos; uno por posesión con la intención de distribuir sustancias controladas a través del USPS, un cargo por usar las instalaciones del USPS para cometer un delito y otro cargo por retrasar la correspondencia.

A Ismael Berríos Berríos, empleados del USPS, se le sometieron dos cargos por retrasar el correo; y Nicolás Padilla Baez enfrenta un cargo por obstruir la entrega de correspondencia.

La oficina del fiscal federal continúa persiguiendo vigorosamente aquellos que utilizan el correo federal para cometer ofensas y robar las cartas de otras personas”, manifestó Rodríguez Vélez en las declaraciones escritas en las que informó sobre los casos presentados.

La agente especial a cargo (SAC) del USPS Eileen Neff, indicó que perseguirán a aquellos que pretenda utilizar esa agencia para para cometer delitos.

La asistente del fiscal federal Amanda C. Soto Ortega está a cargo de las acusaciones. Los acusados enfrentan un máximo de 5 años de prisión y $250,000 de multas.

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