Justicia y Hacienda radican cargos contra desarrollador fatulo que evadió 1.2 millones de dólares en contribuciones
Un hombre que se hacía pasar por agente de bienes raíces fue acusado hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por evasión contributiva.
Este es el primer caso que surge como producto de un Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la Drug Enforcement Administration (DEA) con el objetivo de combatir el fraude contributivo.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó que la investigación realizada por ambas agencias locales destapó un esquema mediante el cual Waldemar Fernández Rodríguez, de manera premeditada, intencional y voluntaria, dejó de rendir sus planillas de contribución sobre ingresos para los años contributivos 2016-2019, con el único fin de evadir su responsabilidad contributiva y defraudar al gobierno de Puerto Rico.
El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea detalló cómo la no presentación de las planillas tuvo el resultado de evadir contribuciones sobre ingresos por más de 1.2 millones correspondientes a los cuatro años contributivos que abarcó la investigación.
Con estas omisiones intencionales, Fernández Rodríguez se benefició personalmente de 801,555 dólares, correspondientes al principal aproximado de la deuda contributiva y a los intereses, recargos y penalidades estimadas.
De la investigación conjunta se desprende que, Fernández Rodríguez representaba ser desarrollador de proyectos en Dorado y Quebradilla.
Como parte del esquema de fraude, generaba sobre 100,000 dólares anuales, producto de la venta de propiedades inmuebles, que cobraba a través de cheques de gerentes cambiados en efectivo.
El sujeto poseía cuentas bancarias en instituciones financieras, que confirman sus lucrativos ingresos y registró tres corporaciones en el Departamento de Estado: MH2Homes Development Corporation, Home Inc. y Dorado Development Group Corporation.
Estas corporaciones tampoco rindieron contribuciones al Departamento de Hacienda.
Emanuelli Hernández dijo que, como parte del acuerdo, se asignaron dos fiscales para laborar en la División de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, los que fueron costeados con presupuesto de Hacienda.
"En los casos de evasión contributiva, uno de los mayores retos es poder sostener la prueba ante los Tribunales. Este acuerdo nos colocará en una posición más sólida para aumentar las convicciones ante los Tribunales. Además, permitirá una colaboración más estrecha, ayudará a maximizar los recursos y fortalecer la pericia del personal de ambas agencias, así comolos procesos investigativos. Permite también, ampliar las investigaciones para encausar otros delitos, como el lavado de dinero, fraude o evasión de pagos de arbitrios, de la mano del Departamento de Hacienda, a la vez que contribuye a expandir investigaciones referidas por la Policía de Puerto Rico, con el fin de procesar a más evasores contributivos”, aseguró el secretario de Justicia.
Por su parte, el secretario de Hacienda, además de destacar la colaboración entre agencias para identificar posibles casos de evasión y fraude contributivo en todo tipo de investigaciones, resaltó el uso de la tecnología como el mejor aliado para detectar a aquellos que toman riesgos, traerlos al cumplimiento y procesar criminalmente a los que no responden conforme a la ley.
"En los últimos cuatro años hemos ido perfeccionando el funcionamiento de los sistemas para prevenir la evasión y el fraude y lograr un mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes. Hemos tenido un aumento de casi 25% de informativas radicadas ante el Departamento de Hacienda y además un incremento en las planillas de contribución sobre ingresos radicadas, tanto de individuos como corporaciones. Afirmamos la cero tolerancia contra aquellos que asumen riesgos y nuestro compromiso de continuar educando para reforzar el cumplimiento”.
Según el fiscal Rodney Ríos, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, por los cuatro cargos presentados en este caso, el imputado se expone una pena de cárcel de ocho años bajo el Código Penal del 2012 por tratarse de un delito grave de tercer grado.
En la mañana de hoy, el Juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra el individuo en los cuatro cargos por violación al Código de Rentas Internas.
Se fijó una fianza global de 50,000.INS
