Jueza Swain emite orden de trámite de emergencia a demanda de presidente de la Cámara contra gobernador y la JSF por asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad

 La jueza Laura Taylor Swain emitió una orden de trámite de emergencia e incluye evaluar el interdicto preliminar en la vista pautada para el 29 de abril sobre el caso de la demanda de presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, contra gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la asignación de fondos para la elección especial de cabilderos por la estadidad.

Según Hernández Montañez, quien dio a conocer la medida de la jueza, con la acción tomada por Swain la magistrada "ha evidentemente reconocido la importancia de los asuntos que hemos traído ante su consideración”.

El presidente de la Cámara de Representante, Rafael Hernández Montañez, presentó la demanda ante la sala de la jueza federal el pasado 20 de abril.

"Este reclamo es un planteamiento estrictamente de política pública fiscal, separación de poderes y diseño de presupuesto. Antes de hablar del tema de status, la controversia es sobre cómo se rigen los procesos del manejo de presupuesto futuro y vigente, y las modificaciones a este solicitadas por el Ejecutivo, asunto que el gobernador está incumpliendo y que la Junta se está contradiciendo”, expresó Hernández Montañez ese día. 

Hernández Montañez dijo que "la Cámara de Representantes ha sido consistente en rechazar la autorización de los 1.8 millones de dólares requeridos para la celebración de la consulta, basado en que esta pretensión violenta la Ley Promesa, menoscaba la Constitución de Puerto Rico, compromete los limitados recursos del Estado para adelantar la agenda ideológica de un solo sector del gobierno y es contraria a los propósitos del plan fiscal”.

Sobre la asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad, el 1 de febrero pasado la Cámara de Representantes votó a favor de derogar las Leyes 165 y 167 de 2020 que autorizaba esta consulta.

El 8 de febrero, la JSF certificó que ante ese organismo existía una solicitud del gobierno de Puerto Rico para reprogramar 1.8 millones de dólares en fondos públicos para sufragar esta consulta, una solicitud sobre la cual esta Asamblea Legislativa "nunca fue notificada”, dijo Hernández Montañez.

Recordó que el 5 de marzo "remitimos una comunicación a la JSF para oponernos a la reasignación de estos fondos por violentar la Ley Promesa y el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal acogió nuestra solicitud, por lo que determinó que el gobierno de Puerto Rico no tenía autoridad para autorizar la reasignación de fondos sin la autorización de la Asamblea Legislativa”.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico objetó esta determinación ante la JSF por conducto de la Aafaf. El 15 de marzo, el presidente de la Junta, David Skeel, remitió una comunicación donde se reafirmó en la negativa del ente fiscal de autorizar la reasignación de estos fondos y rechazó que esta determinación representara una intervención indebida sobre el proceso de libre autodeterminación que cobija a los puertorriqueños.

No obstante, el gobernador hizo una nueva solicitud a través de Aafaf "y en esa solicitud estaba incluida un borrador de resolución a nombre del PNP asignando a 1.8 millones de dólares, reconociendo la intervención de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el legislador.

"La Junta determinó 4 a 3 que se le diera paso a la solicitud y que la Asamblea Legislativa actuara. Por lo tanto, envió la solicitud a la Cámara. El 7 de abril los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes derrotamos en una sesión de ‘markup’ la resolución conjunta de la Cámara 100 para viabilizar la reasignación de estos fondos. Así se le notificó al ente fiscal. El 14 de abril de 2021, la JSF se reafirmó en que, conforme con el rechazo de la Cámara de Representantes esta partida presupuestaria no podía ser utilizada”, señaló el legislador.

Un día después, el 15 de abril, el presidente de la Cámara remitió una comunicación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento de Hacienda y Aafaf para que certificaran la fuente de procedencia de estos fondos, la cantidad reasignada, los gastos incurridos y la autoridad legal utilizada para comprometer los limitados recursos del Estado, sin la intervención de la Asamblea Legislativa.

"El pasado viernes, el gobierno solicitó una prórroga que venció hoy a las 10:00 de la mañana. Si asignaron los fondos tan rápido, por qué necesitaban dos días adicionales para divulgar de donde surgieron los fondos. Nuestro reclamo es que aquí se violentó la sección 204(c) de la ley federal Promesa, actuación que incide directamente en el plan fiscal al ser contrario a sus propósitos legales”, manifestó Hernández Montañez.

Agregó que "aunque la Junta se escude mediante el subterfugio de que no tiene autoridad para intervenir en esta controversia, su actitud es contradictoria, pues el propio ente, por voz de su presidente, rechazó que la sección 402 de Promesa fuese de aplicación a esta situación”, explicó.

Según el político, "ahora, en su más reciente acción, la Junta se esconde tras un lenguaje estatutario que, tal y como reconoció en otro momento, no le prohíbe intervenir. Por estas razones, acudimos al foro federal para que dirima esta controversia en protección de las facultades de esta Asamblea Legislativa, así como los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.

 

INS