Acusan a exempleada del DTRH y a siete mujeres por esquema de $620 mil en ayudas de desempleo durante la pandemia
Las autoridades federales anunciaron hoy la radicación de cargos contra una exempleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), junto a siete mujeres más, por un presunto esquema para apropiarse ilegalmente de casi $620,000 en beneficios de desempleo otorgados durante la emergencia del Covid-19.
La acusada principal fue identificada como Luz Garay Osorio, exempleada del DTRH, quien habría facilitado el fraude utilizando su posición dentro de la agencia. Junto a ella fueron imputadas Glenda Garay Osorio, Tatiana Skerrett Garay, Ariana Skerrett Garay, Dayanara Aquino Garay, Nashaly Vega Garay y Mariela Cabrera Vistel. Algunas de las involucradas mantienen vínculos familiares con Garay Osorio, quien entrevistaba candidatos para recibir las ayudas.
De acuerdo con el jefe de la Fiscalía Federal, W. Stephen Muldrow, las féminas enfrentan cargos por conspiración para robar dinero, fraude postal de servicios honestos, lavado de dinero y robo agravado de identidad. La pesquisa apunta a que las acusadas proveyeron información falsa al DTRH para recibir fondos destinados a personas desempleadas.
El esquema habría operado entre el 2020 y marzo del 2023. Garay Osorio es señalada como líder y responsable de manipular expedientes y registros internos para asegurar la aprobación de solicitudes bajo programas como el PUA y DUA, entre otros. También utilizó información personal falsa, así como expedientes robados y alterados.
Según la investigación, Garay Osorio recibió $142,507 en "kickbacks” y presuntamente se apropió de $13,308 adicionales. El dinero fue movido mediante transferencias bancarias y "money orders”. El resto de las ganancias obtenidas por las acusadas fueron detalladas por las autoridades federales de la siguiente manera:
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Glenda Garay Osorio – $107,291
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Tatiana Skerrett Garay – $46,834
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Ariana Skerrett Garay – $45,946
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Dayanara Aquino Garay – $73,950
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Nashaly Vega Garay – $102,670
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Almarys De Jesús Garay – $13,803
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Mariela Cabrera Vistel – $58,015
El fiscal federal Scott Anderson lidera el proceso. De ser halladas culpables, las acusadas enfrentarían hasta 5 años de prisión por el robo del dinero, hasta 20 años por fraude postal y lavado de dinero, además de una sentencia mandatoria de dos años por robo de identidad.
El fiscal Muldrow añadió que con esta acusación ya suman nueve los funcionarios públicos en Puerto Rico que han sido acusados o se han declarado culpables por corrupción desde el 2024. Entre ellos figuran exempleados de Hacienda y CESCO.
Las autoridades reiteran que continuarán investigando y procesando casos de corrupción vinculados al manejo de fondos durante la pandemia.
