Un gran jurado federal presentó el jueves una acusación contra siete personas imputadas de dirigir una empresa criminal dedicada a extorsionar y engañar a las compañías navieras para que pagaran tarifas por la carga y descarga de mercancías en el Puerto de San Juan, bajo la amenaza de huelgas y bloqueos.

Los acusados son Pedro Pastrana González, dueño y gerente de la compañía JCPY Inc.; Iara Clemente Rivera, exesposa de Pastrana; Carlos Sánchez Ortiz, presidente de la unión de trabajadores de muelles ILA local 1740; y Jorge Batista Maldonado, empleado de la Autoridad de Puertos.

También se arrestó a tres empleados de JCPY: Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.

Los miembros del sindicato, adherido a la Asociación Internacional de Estibadores, actuaron bajo falsas representaciones de que las empresas tenían que pagar una cuota para poder utilizar "mano de obra libre de sindicatos” para la carga y descarga de mercancía en los muelles 9, 10 y 11.

Así lo anunció W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico. La acusación incluye una alegación de confiscación relacionada con el valor total de la pérdida, de 1.184.524,26 dólares, y una propiedad residencial, un vehículo y una embarcación.

De acuerdo con la acusación, Pedro Pastrana González y su exesposa, ayudados por Jorge Batista Maldonado y Carlos Sánchez Ortiz, presidente del sindicato ILA-1740, están acusados de dirigir el esquema fraudulento y extorsivo contra las compañías navieras que utilizan los muelles.

Los miembros de la empresa tomaron parte del dinero obtenido del esquema y lo ocultaron en JCPY y como pagos al plan de beneficios de los empleados de ILA-1740 llamado Plan de Bienestar UTM-Prssa.

A los acusados se les imputan hasta siete cargos. El primero imputa una conspiración, con una pena máxima de hasta 20 años de prisión. El segundo es por extorsión, el tercero por fraude postal y electrónico y el quinto, por blanqueo de dinero. Todos con un máximo de 20 años de cárcel.

El cuarto cargo acusa de conspiración para violar la Ley Taft-Hartley (relaciones laborales), con una pena de hasta cinco años, lo mismo que el sexto cargo, por convertir intencionadamente fondos y falsificar registros. El séptimo cargo es por fraude en la atención sanitaria, con una pena máxima de 10 años de prisión.

"Estos arrestos son el resultado de una investigación exhaustiva que ahora pondrá fin a las tarifas ilegales que los acusados estaban cobrando a las compañías navieras”, dijo el fiscal federal.

Reacción del sindicato

Al respecto, William Marrero Quiñones, asesor legal de ILA-1740, señaló que "queremos establecer que, de los arrestos efectuados en la mañana de hoy, el único que es empleado de la organización es el presidente de la unión; el resto de los detenidos son empleados de varios patronos y miembros de la unión, pero no son empleados de ILA”.

Recordó que "ILA es un sindicato internacional que cuenta con una matrícula de más de 65 mil trabajadores de los muelles”, e informó que "de manera inmediata, el actual vicepresidente de nuestro sindicato, Víctor Aponte, estará fungiendo como presidente interino”. INS