JCF favorece decisión jueza Swain sobre la Ley 29

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko respaldó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que revoca la Ley 29, mejor conocida como Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios.

Según Jaresko, la jueza Swain concedió a la JCF su petición de un procedimiento sumario, declaró que la Ley 29 es inaplicable y prohibió contundentemente al gobierno de Puerto Rico implementar o hacer cumplir esta ley. Además, el tribunal concluyó que, a menos que lo certifique la Junta, las Resoluciones Conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior, se hicieron en violación a la Ley PROMESA.

"Esta es una decisión importante que apoyará los esfuerzos de responsabilidad fiscal en Puerto Rico. El pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. La responsabilidad fiscal, un claro mandato de la Ley PROMESA, está cimentada en prácticas presupuestarias concienzudas y transparentes que garantizan que el gobierno pueda asumir siempre sus obligaciones”, dijo Jaresko en una comunicación escrita.

La directora de la JCF indicó que la Ley 29 pretendía liberar substancialmente a los municipios de sus obligaciones y reembolsar al gobierno cientos de millones de dólares correspondientes al pago de pensiones y cobertura médica de sus jubilados, transfiriendo así esos costos al gobierno central con carácter permanente. Esta ley, que hubiese comprometido las finanzas del gobierno, era incompatible con el Plan Fiscal Certificado y fue promulgada en violación a la Ley PROMESA.

Mientras, se prevé que la revocación retroactiva de la Ley 29 tendrá consecuencias mínimas en los municipios en este año fiscal por varias razones:

Como parte del Plan Fiscal Certificado, en el año fiscal 2020, la JCF asignó 132 millones de dólares en transferencias a los municipios. Pero como resultado de la Ley 29, esta asignación no se ha utilizado y puede utilizarse para contrarrestar la anulación de la Ley 29.
Los reembolsos de fondos de Medicaid, de cantidades más altas a las esperadas, reducirán las aportaciones en gastos de cuidado médico que deben los municipio
Los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, fondos que ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado médico adeudados. No obstante,

No obstante, Jaresko sotuvo que a pesar de la disminución en ingresos y población en los municipios a partir de 2017, muchos de ellos no fueron diligentes y no redujeron el nivel de gastos. De hecho, la Ley 29 dio la falsa impresión de una mayor capacidad para incurrir en gastos y casi todos los presupuestos municipales continuaron en aumento en el año fiscal 2020. Aún cuando los costos de pensiones y salud se redujeron temporalmente, los municipios continuaron con un nivel similar de gastos.

Como resultado, el gasto neto ha aumentado en muchos municipios, lo que pudiera causar un déficit de aproximadamente 66 millones de dólares en presupuestos municipales para este año fiscal, un déficit que pudiera ser mitigado por los desembolsos relacionados con la emergencia de la pandemia y los terremotos.

Jaresko aseguró que la JCF está en constante comunicación con el gobierno y con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para discutir cómo los municipios pueden lograr sostenibilidad continuidad en la la entrega de servicios prioritarios al pueblo de Puerto Rico. Esto debe incluir impuestos sobre la propiedad, los ahorros necesarios como resultado de los servicios fiscal, a la vez que garantiza las políticas dirigidas a cumplir con el pago a sus jubilados, un mejor y mayor recaudo de compartidos con otros municipios, así como otras medidas de eficiencia que garanticen que los municipios puedan atender a sus residentes de una manera fiscalmente responsable y sostenible.

La JCF y el Gobierno están en el proceso de actualizar el Plan Fiscal con datos y proyecciones económicas actualizadas, que incluirá una evaluación de la situación fiscal de los municipios, la aportación y apoyo del gobierno central, así como la considerable y recientemente promulgada asignación de fondos federales para ayudar en la recuperación de los municipios, tras el impacto de los terremotos y el COVID-19.

CN