Por la libre la Defensoría de Personas con Impedimentos

 El exdefensor de las personas con Impedimentos, Frank Pérez, denunció el jueves, múltiples irregularidades por parte del consejo directivo dentro de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, desde que inició sus funciones bajo la ley orgánica 158 aprobada en el 2015 conocida como "Ley de la Defensoría de Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  

En vista pública de la Comisión de Turismo y Bienestar Social, presidida por Néstor Alonso, el servidor público de más de 32 años, señaló que bajo la presidencia de Jorge Jiménez Sánchez, el Consejo directivo y la directora ejecutiva, Carmen Collazo, le han hecho creer al gobierno federal que la Defensoría es una entidad independiente del Gobierno de Puerto Rico.

"Esto es totalmente falso ya que el Gobierno de Puerto Rico mantiene el control sobre la agencia”, argumentó en declaraciones escritas. Ejemplo de ello, según el deponente, es que "las cartas circulares, órdenes ejecutivas, planes de clasificación e incluso un plan de reorganización del Gobierno le aplica a la Defensoría”.

A esto se añade el hecho de que el Consejo Directivo es uno nulo, ya que los nueve nombramientos de los miembros están vacantes. Ante ello, recomendó que el Gobernador tome acción nombre a los concejales por parte del gobierno de modo que se comience a constituir el consejo en propiedad.

Añadió que el Consejo ha incumplido los objetivos de la agencia al no establecer los planes de trabajo necesarios para la defensa de esta población, entre lo que se encuentra la falta de facilidades para que los clientes a nivel isla puedan recibir servicios ya que la sede central, ubicada en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en la zona de Minillas, se encuentran cerrada.

Exhortó además a derogar la ley ya que la misma "no ha servido bien a la población con impedimentos... Se debe crear una legislación a nuestro juicio y experiencia, que cumpla con los requisitos del gobierno federal”.

Por su parte, Yessica Guardiola Marrero, persona con deficiencia en el desarrollo, apoyó la recomendación de Pérez, ya que para el próximo 17 de septiembre se producirá una visita de las autoridades federales para realizar una monitoria en torno al uso de los fondos para esta población.

"Con esta visita podemos hacer el cambio necesario y el que usted siendo una persona con impedimento está presidiendo esta Comisión, nos da esperanza a todas las personas con impedimentos de que ese cambio puede ser posible”, dijo la deponente quien recomendó además que los servicios de defensa para esta población sean provistos por organizaciones sin fines de lucro tal y como ocurre en los estados.

Al final de la vista, el presidente de la Comisión aseguró que se propone analizar la derogación de la ley y el establecimiento de una ley "justa, equitativa y eficiente” que ayude a mejorar la calidad de vida de esta población, a la vez que no descartó reunirse con los funcionarios federales para que conozcan la grave situación por la que atraviesan las personas con impedimentos en la isla.

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